El hostigamiento político alcanzó niveles de alta peligrosidad este domingo, cuando una turba de supuestos simpatizantes de UCS agredió física y verbalmente a concejales opositores del municipio de Santa Cruz de la Sierra. El objetivo era claro: impedir la instalación de la sesión del Concejo Municipal para la elección de una nueva directiva.
El bochornoso y violento episodio parecía anunciado y premeditado. Los agresores habían instalado un toldo para realizar una supuesta “vigilia”, bloqueando la libre circulación de vehículos sobre la calle Chuquisaca, justo frente a las instalaciones del Concejo. Era previsible que no aparecerían los gendarmes municipales para impedir esta toma ilegal, dado que responden al alcalde Jhonny Fernández y su entorno, quienes han hecho hasta lo imposible por despojar de sus curules a los concejales ucesistas disidentes que ahora fiscalizan su gestión.
Más vergonzosa aún fue la actitud cómplice de la Policía. La expresidenta del Concejo, Silvana Mucarzel, solicitó resguardo policial en horas de la mañana para garantizar la sesión prevista para las 14:00. Algunos efectivos llegaron al lugar, pero luego se retiraron, como si el deber constitucional de proteger a las autoridades y mantener el orden no les incumbiera.
Nada de esto es casual. Cuando se persigue un objetivo político, la ya debilitada institucionalidad democrática boliviana se doblega una vez más ante los mandamases de turno. Ya lo había demostrado la justicia, cuando jueces ajenos a la jurisdicción capitalina se inmiscuyeron en la pugna por los curules y en el funcionamiento del Concejo Municipal.
La lista de abusos es alarmante: los concejales denunciaron que funcionarios municipales estaban detrás de las movilizaciones; las llaves del Concejo estaban en manos de personas ajenas a la institución; e incluso se produjo un corte deliberado de electricidad en el edificio. Impedidos de ingresar a su sede, los concejales trasladaron la sesión a otro predio municipal, donde debieron parapetarse ante la arremetida de los matones, que no dudaron en seguir hostigándolos.
Pese a todo, la sesión se instaló y el Concejo eligió una nueva directiva, conformada por los disidentes Israel Alcócer (presidente) y Silvana Mucarzel (secretaria), y el opositor José Alberti (vicepresidente). Toda una odisea para cumplir con lo que debería ser un mero trámite institucional.
¿Cómo es posible que hayamos retrocedido a este nivel de barbarie? ¿Cómo se explica que la vida de autoridades electas esté en riesgo a la vista y paciencia de las fuerzas del orden? ¿Cómo puede haber presos políticos sin delito alguno, mientras quienes agreden flagrantemente a sus adversarios políticos siguen libres?
Lo ocurrido es, sin duda, uno de los episodios más oscuros en la historia reciente del gobierno municipal cruceño, el más grande, el más poblado y el más importante del país. Esta vergonzosa violencia revela una crisis estructural que trasciende lo político. Santa Cruz de la Sierra no se merece esta descomposición institucional que impide responder a las necesidades urgentes de la ciudadanía. Basta con mencionar el colapso de los hospitales públicos para dimensionar la gravedad del momento.
Por lo menos, hay que ponerle un freno inmediato a esta espiral de violencia política. De no hacerlo, los excesos podrían generalizarse en un clima preelectoral ya bastante polarizado, y más temprano que tarde, podríamos estar lamentando daños mayores —a autoridades o a cualquier ciudadano.