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La polémica por la norma tributaria que obligaría a los músicos a pagar impuestos ha desnudado la ausencia de una política fiscal coherente. Si a esto añadimos la carencia de institucionalidad, entonces se tiene la receta para el fracaso de la política económica.

Empecemos por la desatinada política fiscal, la cual se entiende como el control del gasto público e impuestos. Mientras el precio del petróleo se mantuvo exorbitantemente alto –y, por tanto, el valor de nuestras exportaciones de gas también– gozamos de ingresos nunca antes vistos. En este periodo de bonanza se gastó el dinero de la forma más absurda posible. Gastos excesivos en viajes y publicidad, museo para el gran líder, palacios ministeriales, estadios que nunca se usan, etc. Ahora que el precio del petróleo ha bajado, el Gobierno decidió seguir con la fiesta y buscar auspiciadores. Por eso intentan meter mano al bolsillo de los ciudadanos y cobrar impuestos a los músicos, entidades financieras, socios de cooperativas, etc. El problema es que el Gobierno está haciendo las cosas al revés. Independientemente de la postura filosófica que se tenga con relación al cobro de impuestos, resulta un sinsentido aumentarlos justamente ahora que la economía se encuentra en franca desaceleración. Algo similar sucede con el gasto público, ya que por regla general se debe ahorrar en momentos de bonanza para disponer de esos recursos en momentos de crisis.

Por otro lado, la falta de institucionalidad se observa en el aumento de contrataciones directas y la subsecuente disminución de licitaciones, la fiscalización inexistente, falta de información y transparencia, etc. Esto ha generado megaobras inconclusas y de mala calidad (la más reciente en Misicuni), sobreprecio (taladros de Drillmec), corrupción, retrasos en las entregas, etc. Si existiese un poco de coherencia, se debería eliminar el despilfarro y restaurar la institucionalidad. Del mismo modo, simplificar el pago de impuestos aumentaría el número de contribuyentes. 

Finalmente, facilitar la creación de empresas permitiría reducir la pobreza como bien explica Javier Paz (EL DEBER, 18.04.17), lo que traería el beneficio adicional que las nuevas empresas aportarían con impuestos, aliviando de esta forma el déficit fiscal que aflige al Gobierno. 

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