Opinión

Señales equivocadas

10 de abril de 2020, 3:00 AM
10 de abril de 2020, 3:00 AM


Los habitantes de Santa Cruz han sido testigos de un choque de opiniones entre un ministro de Estado y autoridades departamentales. Acusaciones mutuas por la falta de acatamiento de la cuarentena en esta región. Se trata de cruces que dejan traslucir las diferencias existentes entre los diferentes niveles del Estado. Es una desafortunada señal en un momento de incertidumbre y hasta desesperanza ciudadana.

El dignatario de Estado hizo un fuerte llamado de atención a la ciudadanía, argumentando que en Santa Cruz los días transcurren como si fueran normales debido al exceso de permisos de circulación que se han otorgado. Las autoridades de la Gobernación salieron al paso a responder, señalando que el cumplimiento de las restricciones es una responsabilidad del nivel central; mientras que la alcaldesa se metió en el pleito pidiendo que se declare estado de excepción en tierras grigotanas.

Se puede entender que el cruce de acusaciones tiene un mayor trasfondo que apenas el acatamiento de la cuarentena o, al menos, eso es lo que se puede observar. Si bien es Santa Cruz el departamento donde hay más casos de coronavirus a escala nacional, sería simplista juzgar que esta realidad se debe únicamente a la falta de cumplimiento de la cuarentena. Las razones han sido expuestas desde hace varios días: deficiencia en la dotación de insumos de bioseguridad, demora en el pago de sueldo a médicos contratados para cumplir con la misión de luchar contra el Covid-19; carencia de unidades de terapia intensiva y de profesionales que las gestionen, entre otras carencias que tienen larga data. Obviamente, a lo anterior se suma la falta de disciplina evidente en zonas como el Plan 3.000 o en Montero, donde los habitantes han sido obligados al encierro por la explosión de contagios.

Lo que no se puede comprender es que, en vez de buscar soluciones coordinadas a los males señalados y a otros más, las autoridades nacionales y subnacionales se enfrasquen en una discusión pública que solo inyecta inseguridad a la población.

No hay que perder de vista que el coronavirus sigue su avance implacable en el mundo. Hay más de 80.000 muertos por la enfermedad y los contagios superan el millón de personas en todo el planeta. Se sabe que Bolivia tiene un sistema muy precario de salud y que ningún esfuerzo alcanza para mejorar lo que tenemos. Entonces, es un flaco favor que el boliviano tenga que ser testigo de las diferencias entre los niveles de gobierno.

A quienes les ha tocado administrar este momento (tarea nada sencilla y poco comprendida) les corresponde tener la capacidad de llegar a acuerdos para encarar las acciones destinadas a evitar el crecimiento del número de infectados y también a sortear la crisis económica que deja esta circunstancia. En Bolivia, ahora más que nunca, se necesita seguridad antes que bravuconadas y demostraciones de poder. Esa es la responsabilidad de los gobernantes y eso es lo que los gobernados esperan de sus autoridades.


Solo con una visión uniforme y coherente se puede tener la autoridad que se necesita. Entretanto, la ciudadanía debe comprender que al exponerse un individuo, está poniendo en riesgo a cada familia de su entorno y, a la larga, a toda la comunidad.


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