12 de mayo de 2022, 4:00 AM
12 de mayo de 2022, 4:00 AM


El lunes 9 de mayo, víspera del Día del Periodista, los informadores de Potosí estábamos en la puerta del Seguro Social Universitario, intentando conseguir los nombres de los afectados por la explosión de una granada de gas lacrimógeno. Cuatro personas murieron y más de 80 resultaron heridas.
Ahí, en la puerta, se apelotonaban los padres de familia que querían saber qué había pasado con sus hijos. Muchos medios, entonces, optamos por transmitir en directo a través de las redes sociales. Informamos pero, a cambio, tuvimos que tragarnos la sarta de sandeces que escribían decenas de extraños, escudados en el anonimato.

Imagínese que un carpintero está nivelando con el cepillo y, de pronto, alguien aparece en su taller y le critica por la forma en la que está tratando la madera. O bien que alguien irrumpa en un quirófano en el que médicos y trabajadores en salud están operando y cuestionen la manera en la que están usando el instrumental quirúrgico. Esas cosas no pasan en la mayoría de las profesiones y oficios, pero sí en el periodismo. Nuestro trabajo es público y, con la vigencia de las redes sociales, cualquier hijo de vecino se mete a las transmisiones para molestar, criticar y cuestionar nuestro trabajo justo en el momento en el que lo estamos haciendo. Pero, ¿sabe qué? A eso se llama libertad de expresión y, mientras no viole la ley, cualquier ciudadano tiene derecho a ejercerla.

La libertad de expresión es un derecho general, porque es atributo de todos los ciudadanos. La libertad de prensa, en cambio, no es el derecho de decir lo que uno quiera, sino la facultad que tienen las y los periodistas a acceder a toda información de interés público.

Y, a partir de esa premisa básica, afirmo que no hay libertad de prensa en Bolivia.

La información se ha centralizado. Pese a que el artículo 21.6 de la Constitución Política del Estado dice que las bolivianas y bolivianos tenemos derecho “a acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva”, son muchas las instituciones que han decidido que solo la MAE debe informar. Una de ellas es el Ministerio Público.

Cuando estalló el escándalo por el hijo de Evo Morales y Gabriela Zapata, que apareció inscrito en el Servicio del Registro Cívico, “desde arriba” se ordenó blindar la información que se podía conseguir en él. Por eso, ahora, mientras en otros países se puede ingresar al registro civil por internet, en Bolivia es prácticamente imposible porque se lo ha rotulado como “información personal” a la que solo pueden acceder los interesados.

Y volviendo al luctuoso caso de las muertes en Potosí, al verificar que uno de los cuatro detenidos trabajaba en la Asamblea Legislativa Departamental, intentamos averiguar si era estudiante de la Universidad Tomás Frías, pero no nos proporcionaron el dato porque es “información personal”.

Para colmo, el Gobierno ejerce presión sobre los medios condicionando la publicidad, que se paga con el dinero de la gente: premia con contratos a los que le chupan las medias y castiga a los críticos, privándoles de ese ingreso.

Entonces, no vengan a decir que en Bolivia hay libertad de prensa. Aquí es difícil conseguir información e investigar es todavía más complicado. Por tanto, hacer verdadero periodismo es más complejo que encontrar una cura para el coronavirus.

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