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24 de septiembre de 2017, 4:00 AM
24 de septiembre de 2017, 4:00 AM

El ministro de Justicia, Héctor Arce, expresó: “No le temo, en absoluto, al voto blanco o nulo” (EL DEBER 23/07/2017 pág. A20), el exprocurador ejerció el cargo designado por el presidente Evo Morales violando el artículo 230-II CPE.
Bolivia es un país donde la elección de miembros del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional forma parte de la democracia representativa. 
Proceso inconstitucional

1. La CPE en su art. 199-II define: “Las candidatas y los candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional podrán ser propuestas y propuestos por organizaciones de la sociedad civil y de las naciones y pueblos indígena originario campesinos”. La Ley Electoral 026, otorgó esta atribución solo a la Asamblea Legislativa e incluyó en su reglamento de preselección la forma de postulaciones vía instituciones civiles, cuando la CPE habla de candidatos y no de postulantes.   

2. La CPE establece que la potestad de impartir justicia emana del pueblo, la Ley 026 y el reglamento de elecciones establecen que el candidato que obtenga el mayor número de votos válidos es electo, no importando el número de participantes que rechazan las candidaturas. 
Ambas normas son inconstitucionales, porque violentan el art. 7 y 26-II.2. de la CPE, donde no importa la cantidad de electores que participan. La mayoría solo participa por una obligación civil, pero no elige. La participación de un solo ciudadano que vote por un candidato bastaría para salir electo. Una minoría elige y la mayoría solo vota.   

3. La preselección de candidatos violó el art.178 de la CPE que establece los principios de la administración de justicia, imparcialidad y probidad, habilitando a servidores públicos dependientes del Gobierno. El 74% de los candidatos está vinculado al ejercicio del poder político. (EL DEBER  pág. A12. 1/09/2017).

4. El reglamento de preselección incluyó a la universidad, siendo irrelevante a la hora de calificación de personas por sus méritos, probidad e idoneidad que requiere la justicia.

La universidad equivocó  su rol  por no señalar la ruta para reformar la justicia y solo servirá como descargo del Gobierno.  Luego del referéndum del 21 F, el MAS se colocó por encima de la soberanía popular, rechazando el acto plebiscitario de la democracia directa. Este será el camino más peligroso para la democracia. El voto nulo es un derecho del electorado.     

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