Sincerar la realidad del empleo en Bolivia
La realidad no es como la pinta el Gobierno. Dicen que la economía nacional está mejor, pero la situación de las familias bolivianas no se parece a la que tenían antes de la pandemia. Cayeron los ingresos en los hogares; cientos de miles de bolivianos perdieron su empleo o vieron disminuir sus sueldos. Los que quedaron sin entradas de dinero fijas han optado por la economía subterránea y es en ese territorio en el que se pone en evidencia la verdadera situación de los ciudadanos.
Ya en 2018, la Organización Internacional del Trabajo alertaba sobre los niveles alcanzados por la economía informal en Bolivia, más del 80% de las actividades se desarrollan en un ámbito no regulado, con fuentes de trabajo que son precarias: sin seguridad social ni jubilación y, lo peor, con sueldos que caen a casi la mitad del salario mínimo nacional.
En su edición del domingo 10 de abril, EL DEBER reflejó esa realidad. En las agencias de empleo hay personas que llegan a aceptar 1.300 bolivianos de salario con tal de trabajar; profesionales que archivan el título y realizan otras tareas para tener un ingreso. En la economía informal hay inestabilidad laboral y todo eso es tolerado porque es la única opción de sobrevivencia para miles de bolivianos.
La realidad es que apenas dos de cada diez trabajadores en Bolivia se desempeñan en el sector formal de la economía y es ahí precisamente donde se cargan los incrementos salariales y la inamovilidad, como una especie de castigo a la legalidad. No obstante, el Estado no hace nada para fiscalizar a la economía informal ni para evitar el acelerado deterioro del empleo.
Mientras tanto, se ignoran los pedidos de los sectores industrial o agropecuario donde claman que se los deje trabajar y generar empleos dignos. El presidente de la Cámara de Industria y Comercio, Fernando Hurtado, decía que “la mejor redistribución es la generación de empleo en mayor cantidad y de mayor calidad”. Ante las evidencias mencionadas cabe preguntar si es de interés real del Gobierno mejorar la calidad de vida de los bolivianos, porque hay que convenir que un bono no permite “vivir bien”, como plantea el vicepresidente David Choquehuanca.
La Central Obrera Boliviana demanda incremento del 10% al salario mínimo nacional y del 7% al salario básico. Sus dirigentes (la mayoría de ellos declarados en comisión con jugosos sueldos) dicen que se debe llegar al 1 de mayo con una respuesta. Sus cálculos son políticos y no económicos. Saben que su pedido no beneficiará a la mayoría de los trabajadores y saben que la economía no se está recuperando, pero parece que ese no es un tema que les importe mucho.
Hay que esperar que el Gobierno sea sensato y cuide la economía nacional antes que los votos o los respaldos de un sector como la COB. En las condiciones actuales, un incremento salarial puede significar el cierre de empresas y más pérdida de empleos. Y, aunque el modelo económico ensalce la mayor intervención del Estado en la producción, es claro que el aparato público gasta mucho más de lo que le ingresa; o sea, no tiene espalda para dar ese beneficio a los trabajadores, Habrá que ver costo beneficio y sincerar la realidad del país.
