Siete segundos. Ese es el tiempo que tardó el micrófono abierto de Bolivia TV en desmontar quince minutos de discurso presidencial. En vísperas del 1 de mayo de 2026, al concluir su mensaje por el Día del Trabajo —en el que rechazó la demanda salarial del 20% de la COB y anunció una “nueva etapa” con diálogo nacional y leyes estructurales—, el presidente Rodrigo Paz murmuró en Directo al Punto del canal estatal: “¿Cuadra o no cuadra?, no estuve muy lúcido.” El micrófono seguía abierto en el estudio. El país entero lo oyó. Con esos siete segundos de backstage involuntario, Bolivia entró en un territorio político sin precedentes: el de un jefe de Estado que desmiente su propio mensaje en tiempo real y ante millones de ciudadanos que lo escuchaban y confiaban en su liderazgo institucional.
En teoría del discurso político, el filósofo J. L. Austin denominó “condición de sinceridad” al requisito mínimo de todo acto de habla: quien habla debe creer lo que dice para que el enunciado tenga efecto performativo real. Cuando el presidente invalida su propio discurso en el instante en que concluye, no comete una torpeza comunicacional: comete lo que la prensa boliviana llamó, con exactitud quirúrgica, un “sincericidio”. El backstage de Erving Goffman —ese espacio donde el actor político abandona la máscara institucional y habla sin el filtro de la escena pública— quedó transmitido en señal abierta por accidente técnico. Lo que el presidente pensaba de su propio mensaje quedó registrado para la historia política del país y para cualquier análisis futuro sobre credibilidad institucional.
El episodio no sería tan grave si el discurso fuera menor. Pero Paz eligió el 1 de mayo —Día Internacional del Trabajo, fecha de poder simbólico máximo— para proclamar el relanzamiento de su gestión. Jürgen Habermas advirtió en su Teoría de la Acción Comunicativa que la legitimidad política depende de la calidad del proceso comunicativo que la precede: un proceso que comienza con el emisor desautorizando sus propias palabras carece de la fuerza racional para generar adhesión ciudadana. Murray Edelman lo teorizó antes en El uso simbólico de la política: el lenguaje presidencial no solo informa, performa realidades institucionales. Cuando esa performance se rompe ante el micrófono encendido, el andamiaje simbólico colapsa y arrastra con él la credibilidad de todo lo anunciado, incluidas las leyes de hidrocarburos, energía e inversiones que el país necesita.
El problema de fondo no es la lucidez momentánea del presidente. Es la arquitectura institucional que elige para su “diálogo”. Rodrigo Paz convoca un “gran encuentro nacional” informal, sin base normativa precisa, sin agenda vinculante y sin rendición de cuentas. Y lo hace mientras Bolivia cuenta con un instrumento legal exactamente diseñado para ese propósito: el Consejo Nacional de Autonomías. El artículo 122 de la Ley 031 —Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”— lo define con claridad: el CNA es el instrumento de coordinación, consulta, deliberación, proposición y concertación entre el gobierno plurinacional y las entidades territoriales autónomas.
Sus 26 miembros incluyen a los gobernadores recién electos en marzo de 2026 —Juan Pablo Velasco de Santa Cruz entre ellos—, alcaldes y autoridades indígenas con voz y voto plenos. El artículo 124 rige su funcionamiento por Reglamento Interno; el artículo 123 garantiza composición plural y representativa de todas las regiones del país.
La pregunta que el presidente no responde es jurídicamente punzante: ¿por qué convocar un encuentro informal cuando la Ley 031 le ofrece el CNA con agenda, quórum, actas y compromisos verificables? La ciencia política sugiere la respuesta incómoda: porque un encuentro informal lo controla el Ejecutivo en su narrativa y conclusiones, mientras que el CNA tiene reglas que ningún presidente puede modificar unilateralmente. El CNA no es una foto de portada ni una conferencia de prensa disfrazada de pacto nacional. Es un proceso institucional que obliga a todos, incluido el Ejecutivo, a rendir cuentas ante la historia y el país.
Anunciar leyes de hidrocarburos sin coordinar con los gobiernos autónomos que administran esos territorios es error político y debilidad jurídica estructural grave. La autonomía en Bolivia no es decorativa: es constitucional y tiene respaldo en jurisprudencia consolidada del Tribunal Constitucional Plurinacional.
Bolivia merece instituciones que funcionen cuando el presidente no está muy lúcido, cuando el micrófono sigue abierto y cuando nadie está mirando. Eso se llama Estado Constitucional de Derecho. Y se construye con el CNA convocado, no con encuentros sin actas ni compromisos exigibles.
(*) Delmar Apaza López es politólogo constitucionalista