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19 de julio de 2017, 4:00 AM
19 de julio de 2017, 4:00 AM

Vivir sin sobresaltos y sin miedo de ser víctimas de asaltos, robos y agresiones, parece que ahora es una aspiración difícil de alcanzar. Estamos en una época en que la violencia criminal crece y los esfuerzos de unos pocos para lograr la tranquilidad no son suficientes.

En alguna medida nos llega el incremento de la delincuencia en América Latina, que es la región con los mayores índices de inseguridad en el mundo. Se afirma que esto se debe principalmente a la impunidad, a la falta de educación pública de calidad, a la generalizada crisis de la institución familiar, al fracaso de la administración de justicia, a las cárceles que son escuelas de criminalidad, a la corrupción generalizada, a la ineficacia policial y a su escasa presencia, al tráfico de armas, a la falta de valores y de principios morales y a la cultura de la violencia. (V. Ricardo Angoso. The Bosch's Blog, 15.01.15). En el caso de Bolivia hay que añadir la violencia criminal que genera el narcotráfico.

Aunque Bolivia no figura entre los países más violentos, las causas señaladas también son responsables del perceptible incremento de la criminalidad, con la circunstancia adicional de que nuestro territorio es campo abierto para delincuentes extranjeros que encuentran aquí menor eficiencia institucional para combatir el crimen. 

El reciente atraco a una joyería en Santa Cruz es un ejemplo de este grave embate del crimen que aumenta y que ya es recurrente. Por ello, es tiempo de considerar el diseño de un plan actualizado de lucha contra el crimen que se centre también en la prevención del delito, en la reforma del sistema carcelario, en planes de rehabilitación para los reos, depurando y moralizando la administración de justicia, y que se perfeccione el grado de preparación de los encargados de prevenir y reprimir los delitos. A esto hay que añadir la necesaria concertación con países vecinos para combatir el crimen, pues los esfuerzos aislados suelen ser insuficientes. Además, hay posibilidades de recibir la cooperación internacional especializada que prevé la Declaración sobre Seguridad en las Américas, aprobada en México en octubre de 2013. 

No es consuelo que lo sucedido no tenga la frecuencia de otros países. Pero muestra la urgencia de una acción oficial eficiente y honesta en la protección a la ciudadanía. 

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