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Sobre la reforma judicial

Carlos Pol 10/12/2020 05:00

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Hace unos días se ha planteado una reforma judicial, que necesariamente debe ser sometida con carácter vinculante a aprobación del soberano mediante referéndum, ya que requiere una reforma constitucional, la cual no debe tomarse a la ligera. (Art. 411 CPE) Es necesario una verdadera restructuración del sistema judicial con soluciones que corrijan de fondo la problemática para curarnos del “cáncer judicial” que nos agobia.

Recuperando la legitimidad, para que todos volvamos a creer en una justicia “verdadera” sin manoseos, injerencias políticas, persecuciones y actos de corrupción. Para que quienes ejerzan el poder de sancionar (punitivo), lo hagan para intervenir en la conflictividad social más dura, conteniendo las represalias y ofreciendo respuestas menos violentas, pacificadoras. 

En ese sentido, debe cambiarse el sistema de designaciones de las principales autoridades judiciales, previa calificación de méritos, con un sistema de audiencias públicas que permitan conocer y acreditar los méritos de los candidatos. Como hace tiempo se hizo con la ex Corte Nacional Electoral, quizás sea una buena fórmula para atemperar la falta de credibilidad.

Sin embargo, la solución no pasa solo por cambiar al proceso de designaciones de las autoridades judiciales. El verdadero problema es mucho más complejo de lo que se aprecia. Comprendiendo que, no solo hay que imponer en todos los niveles la meritocracia, sino básicamente hay que mejorar al Órgano Judicial en su integridad.

Y esto pasa por reconocer la institucionalidad, basado en exámenes de competencia y oposición, la objetividad de la “Escuela de Jueces del Estado” y la valoración recurrente donde se evalúe periódicamente la capacitación y la trayectoria profesional. Cerrando el ciclo de los jueces a carrera e institucionalizando la carrera judicial.

En consecuencia, la reforma judicial debe ser sistemática, integral y objetiva, considerando aspectos políticos, económicos e institucionales, y restituyendo su independencia e imparcialidad a los jueces, porque un sistema judicial sin estas garantías esenciales, no solo deshonra la institucionalidad democrática y da lugar a la corrupción, además deja en manifiesto la inseguridad jurídica.

Esta reforma judicial demanda un compromiso del poder público y de la sociedad en su conjunto mostrando resultados objetivos a fin de devolverle la confianza judicial que tanto anhela nuestra sociedad.



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