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19 de marzo de 2017, 4:00 AM
19 de marzo de 2017, 4:00 AM
“...a la luz de datos oficiales coincidimos en que la estrategia denominada de guerra contra las drogas ha fracasado”, dijo Carlos Romero en Viena (Austria), con ocasión de celebrarse la 60.ª sesión de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas (NNUU).

 

Ligera y hasta caprichosa y maniquea interpretación del ministro, porque mantener una lucha contra el tráfico de drogas ilícitas es una lucha, aunque desigual, obligatoria, de parte de los estados. Es una obligación hacerlo y, evidentemente, mientras más consumidores y dinero haya en juego, mientras más tecnología y más alto el nivel de violencia de los narcotraficantes, más dificultades tendrán los organismos de represión para lograr el objetivo de mantener a la población libre de drogas. En el caso puntual de nuestro país, cocaína (pasta base incluida, como producto también de exportación) y marihuana (nuestro país es el segundo productor de Sudamérica). 

 

Se me ocurrió, mientras leía lo dicho por el ministro Romero, ver qué otras “luchas, represiones o guerras” parecen estar perdiéndose y si acaso por ello se sugeriría aumentar los ‘disparadores’ (sembrar más coca es un ejemplo) o liberar alguna de las causas que los generan (supongo que quienes practican aquello estarán en condiciones de sugerir “qué se puede liberar”).

 

En el mundo entero aumenta la trata de blancas, tráfico de menores (hombres y mujeres), la pornografía infantil, el secuestro y la esclavitud de mujeres con fines de explotación sexual, y pregunto: exactamente, ¿qué se debería ‘liberar’ en estos casos?

 

En Bolivia aumentan inexorablemente el feminicidio y los casos de maltrato a la mujer, pese a la existencia de una ley muy drástica; los juzgados reciben causas por ambos casos y se tienen muy pocas sentencias. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos sin efecto la ley, bajo el argumento de que la administración de justicia tarda? La justicia que tarda, deja de ser tal. 

 

Vamos a temas más simples: las calles, los mercados, los comercios en Bolivia están llenos de contrabando de ‘todo’; ¿se libera el ingreso de lo que entra, porque igual va a entrar y la gente quiere comprar? Los municipios del interior del país están llenos de vehículos sin papeles (de cualquier marca o tipo); ¿es correcto pedir “otra y otra y otra nacionalización”?

 

Reclamo un discurso más coherente a quienes nos representan fuera de las fronteras, no sea que a alguien se le ocurra sugerir que ante el aparentemente evidente “fracaso de alguna de las guerras” libradas por el Estado en nombre de sus ciudadanos y, sobre todo, en resguardo de su salud física y mental se plantee luz verde al uso o al disfrute de aquello, salvo que la intención sea “liberarlo todo”. En ese caso, debieran ser claros al decirlo, para saber a qué atenerse 
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