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5 de agosto de 2018, 4:00 AM
5 de agosto de 2018, 4:00 AM

La reactivación de la proyección electoral del expresidente Mesa, causada por el persistente hostigamiento con que lo azota el alto mando del MAS, a la cabeza del mismísimo Juan Evo Morales Ayma, le da fuelle a un torrente noticioso, que se alimenta de conjeturas sobre si el exmandatario cambiará su inicial criterio de abstenerse de participar en las elecciones nacionales, en las que, según varias y distintas encuestas derrotaría al oficialismo, inclusive si el actual presidente consigue forzar la inscripción de su inconstitucional candidatura.

Tales presunciones omiten que el expresidente se encuentra limitado, o más bien secuestrado, por el inicio del trámite de un juicio de responsabilidades en su contra, bajo el cargo de ser el responsable del pago de los cerca de 300 millones de Bs que ha costado el caso Quiborax.

Es verosímil que ese juicio se haya abierto precisamente con el fin de catapultar la candidatura del expresidente y también para garantizarles a los estrategas oficiales que, si ese candidato consolida una posición ganadora, o una segunda posición, el proceso de responsabilidades se reactivará para dejar a la oposición sin su única, o principal, carta electoral. La palabra oficial de que el juicio quedará paralizado hasta después de las elecciones, es tan valiosa y creíble como el compromiso de Morales, cuando aseveró que se retiraría si perdía el referendo constitucional que le cerró toda posibilidad legal de volver a candidatear.

La solidaridad que recibe el expresidente de candidatos que compitieron con el actual jefe de Estado y que tienen la posibilidad, o que han anunciado que volverán a candidatear a la presidencia, puede hacer perder de vista que todos ellos, sin excepción, viven en una situación casi idéntica a la de Mesa Gisbert, porque a falta de un juicio de responsabilidades, enfrentan y soportan muchos otros, que el régimen abrió contra ellos hace mucho y cuyo desarrollo, con frenazos bruscos o inesperadas aceleraciones, toda vez que el oficialismo quiere demostrarles que su libertad y sus bienes están en manos del Ejecutivo que, con una simple instrucción, puede arrebatarles.

El hecho de que el MAS mantenga un control seguro de todas las candidaturas de sus adversarios tradicionales y que puede liquidarlas, cuando sospeche que tienen un potencial de riesgo, prueba que las hipótesis de que el partido gobernante estaría pensando en impedir o postergar las elecciones de 2019 no se corresponde con las tendencias principales de evolución de la coyuntura.

La postergación pasará a ser una posibilidad, siempre y cuando el MAS deba enfrentar una alternativa ganadora, distinta e independiente de la de sus contendientes actuales, con una clara propuesta de romper con el pasado inmediato (es decir el presente) y el distante, que es el que representan los competidores conocidos del MAS.

El 6 de agosto la oposición ciudadana, expresada a través de movimientos, redes, plataformas o colectivos, volverá a exigir que se respete el voto del 21-F, que se cumpla la Constitución, que se acate la voluntad soberana. Esa movilización necesita fortalecerse y reimpulsarse, reivindicando su independencia de los partidos opositores y demandando que anuncien a la brevedad el retiro de sus candidaturas en las elecciones de 2019.

Si la voz ciudadana tiene eco, y contribuye a que comprendan que no tienen posibilidades de triunfar y que, además, sus candidaturas están en manos del MAS, que puede cerrar paso “legalmente” a su inscripción, con una simple condena, en cualquiera de los procesos que enfrentan, y ellos se abstienen de candidatear, la coyuntura dará un giro fundamental, al deselectoralizarse y mostrar a una creciente masa de electores que expresa desencanto, hastío o repugnancia con la opción oficialista a la que fueron fieles hasta hoy, bajo el supuesto que la derrota del MAS equivale a un inevitable retorno al pasado.

El espacio que puede abrir esa nueva situación es óptimo para generar un acuerdo de programa, propio de un nuevo horizonte de país, sin el cual, toda candidatura opositora será frágil, fácilmente derrotable y sinónimo de retroceso.

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