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Está en marcha la aprobación del proyecto de Ley de Emergencia Sanitaria. El viernes fue aprobado en la Cámara de Diputados y todo indica que seguirá un curso acelerado en la Cámara de Senadores. 

El documento pretende regular todo lo que tiene que ver con la pandemia, desde la vacunación hasta la venta de medicamentos, la internación en clínicas privadas o la importación de productos, por citar algunos de sus ámbitos de competencia. Sin duda tiene aspectos positivos, pero también tiene un espíritu inquietante y es que confiere todo el poder a un consejo nacional estratégico que, llegado el momento, asume todas las competencias y plena autoridad para definir medidas en el país o a escala regional o municipal, pasando por encima de alcaldes, gobernadores e incluso de los comités científicos formados por especialistas médicos.

En el artículo 7 dispone la creación del consejo nacional estratégico para emergencias sanitarias, que está integrado por 11 ministerios: desde el de Salud, pasando por Gobierno, Defensa y hasta Hidrocarburos, pero no incorpora ninguna instancia de gobierno subnacional (alcaldías ni gobernaciones); tampoco incluye a ninguna entidad científica, salvo para coordinación cuando sea necesario.

Señala que el Gobierno nacional asume todas las competencias en materia de salud, incluso las que constitucionalmente se confieren a los gobiernos subnacionales, cuando los 11 ministerios que forman parte del nuevo consejo definan que alguna Alcaldía o Gobernación ha sido rebasada en sus competencias. Esta parece ser una medida desesperada y poco integradora, nada respetuosa de la precaria autonomía alcanzada en el Estado Plurinacional. Hasta ahora, fueron los municipios los responsables de definir las medidas sanitarias y con la nueva ley se centraliza todo en un aparente retroceso al copamiento total del poder y desde la burocracia distante a la realidad de los bolivianos en los nueve departamentos.

La ley no incorpora a los colegios médicos o sociedades científicas como parte protagónica a la hora de definir las medidas de emergencia nacional y no se sabe cuál es la brújula para analizar y trazar la ruta a seguir, salvo el personal del Ministerio de Salud.

Prohíbe la suspensión de los servicios de salud por cualquier protesta de médicos o trabajadores de este sector, lo cual tiene buen espíritu, pero llama la atención a la luz de lo ocurrido en las últimas semanas cuando los profesionales de la salud han reclamado la contratación de personal y no tuvieron eco inmediato en el Gobierno nacional.

En cuanto a la relación con los privados, se definen varias reglas que buscan acabar con la especulación con medicamentos, pruebas y servicios; prohíbe los cobros de “garantías” en las clínicas privadas, etc. Sin duda, se pretende dar fin al abuso que se ha visto en algunos de estos establecimientos donde, con el pretexto de asegurarse el pago, se imponían aportes previos de los pacientes, haciendo inaccesible la atención para el grueso de la población, peor aún en momentos de saturación de los hospitales públicos.

El país vive un tiempo muy duro con la pandemia del coronavirus. Es cierto que se necesita una ruta clara que dé certidumbres. Lo que no está bien es el tufillo autoritario de la norma, cuando lo que se precisa es sumar esfuerzos, conocimientos y voluntades y eso no se consigue con la imposición.

Por otro lado, no es correcto que la bancada opositora pretenda que cumple su rol abandonando la sesión donde se trata esta delicada ley. Lo que se espera de los asambleístas es que aporten al debate y que permanezcan defendiendo el interés de todos, buscando consensos y normas adecuadas.

 



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