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El Gobierno nacional reglamentó una antigua ley de derechos de usuarios y consumidores para intentar garantizar el acceso de la población a los medicamentos, además de la calidad en las prestaciones de servicios de salud y servicios de funerarias y cementerios relacionados a la actual pandemia por el Coronavirus.

La medida responde a los múltiples reclamos de consumidores por los abusos en los precios de productos farmacéuticos necesarios tanto para prevenir como para curar la infección con el Covid-19, y en teoría con este reglamento los ministerios de Salud, Justicia y las entidades territoriales autónomas se constituyen en entidades competentes para efectuar el control de precios de medicamentos.

También tienen atribución, ahora, para controlar la calidad y los costos en la prestación de servicios de salud para atención médica de contagiados con el coronavirus, y los servicios funerarios y de cementerios en todo el territorio nacional.

Con esta norma, el Ministerio de Salud publicará la lista de precios de medicamentos y prestación de servicios de salud para que no haya más precios ni cobros excesivos para la afligida población amenazada o afectada por el virus.

Naturalmente, se espera que los incumplimientos a estas regulaciones sean sancionados drásticamente.

La norma llega después de más de cuatro meses de que las farmacias y clínicas hicieran cobros excesivos a la población necesitada de medicamentos o atención médica, y aunque el tema era de conocimiento público desde un comienzo, es llamativo que el Gobierno no hiciera nada durante todo ese tiempo.

En un mundo saturado de información gracias a las redes sociales, la demanda por control de precios pasó a ser a un clamor popular porque a la tragedia de tener un familiar enfermo, muchas personas tenían sumar el drama de hacer esfuerzos sobrehumanos para cubrir precios y costos altísimos para acceder a remedios y atención médica.

Y esos dramas fueron de conocimiento de la población precisamente porque las muchas quejas quedaban registradas en mensajes personales en las diversas plataformas digitales sociales.

¿Dónde estaba el Gobierno todo este tiempo que no escuchó esos pedidos? ¿Por qué razón algo tan sensible para la población, como es todo lo que afecta a los ya golpeados bolsillos de la gente, y en este caso a la salud en tiempos de una mortal pandemia, pasó de manera indiferente para las autoridades durante más de cuatro meses? 

La responsabilidad de las autoridades frente a las necesidades más urgentes de la población no debiera esperar los tiempos del oportunismo político y, por el contrario, debiera implicar una respuesta prioritaria para salir a apoyar al indefenso -y aparte enfermo- consumidor boliviano que en muchos casos fue textualmente asaltado con precios de productos médicos que subieron hasta en 800 por ciento sin que las autoridades digan esta boca es mía.