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Bolivia está siendo testigo de las peores aberraciones históricas que recordará en muchos años con imágenes denigrantes para el género humano, que ni siquiera se ha visto en las peores guerras genocidas; imágenes que todos ven, excepto el gobierno de la presidenta Jeanine Áñez que aparentemente decidió que no hacer nada al respecto, probablemente porque juzga que actuar con la ley puede perjudicar a su candidatura.

¿En manos de quién está el país? ¿De bloqueadores que crean un túnel de alambrada con púas a pocos centímetros de la capa asfáltica de un puente y obligan a los viajeros o transportistas a arrastrarse de rodillas por debajo de las púas en Yapacaní?

¿Esas imágenes de terror pueden resultarle indiferentes a las instituciones y las autoridades? ¿Se ha enterado el Gobierno de los transportistas varados en los bloqueos que claman por agua y comida para ellos y para los animales que transportan, porque “por órdenes superiores” los bloqueadores tienen prohibido venderles agua y comida?

No sólo los animales, sino también los conductores se están muriendo porque no hay agua ni comida, y si bien los transportistas para recorridos largos llevan víveres, estos se acabaron hace tres días y la situación es desesperante porque las venteras no quieren proveer de alimentos a la gente, denuncia Marcelo Cruz, de la Asociación de Transporte Internacional.

Los transportistas son obligados a ponerse de rodillas y forzados a decir que apoyan los bloqueos, en gestos de barbarie inaceptables.
¿Quién manda en Bolivia? ¿El dirigente cocalero Andrónico Rodríguez que casi como una dádiva personal anuncia que “se va a autorizar de manera responsable el paso normal de todas las ambulancias o cisternas de oxígeno”, después de dos semanas de que no se permitió la circulación de esos vehículos y más de 30 muertes por falta de oxígeno en los hospitales?

¿Puede impunemente un grupo de ciudadanos portar armas, proclamar “ahora sí, guerra civil”, desafiar a las juventudes de Santa Cruz y Cochabamba a enfrentarse porque “ahora queremos sangre compañeros”, como hicieron los autodenominados guerreros de los ayllus Qaqachacas que se grabaron un video portando armas, banderas, cascos y zapatillas Nike?

Todas esas y varias otras acciones que a diario se producen en el país superan ampliamente la categoría de simples ‘excesos’ para convertirse en actos de terrorismo, racismo humillante, tipificadas como delitos en las leyes bolivianas que hoy mismo las autoridades no hacen cumplir.

Nadie pide un baño de sangre porque se debe preservar la vida, pero también se debe preservar el derecho de las personas a no morirse por falta de oxígeno o atención médica, se debe preservar la dignidad de viajeros, transportistas y animales a los que no se les puede privar del agua y el alimento en los forzados encierros de los bloqueos.

Si el Gobierno no es capaz de hacer respetar los derechos de la ciudadanía, habría que preguntarse legítimamente entonces para qué están ahí. ¡Cuánta falta hacen autoridades que no hagan cálculos electorales, que trabajen por su gente, que hagan cumplir las leyes, que no permitan más humillaciones a manos de dirigente que más que eso parecen forajidos intocables!