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20 de agosto de 2017, 4:00 AM
20 de agosto de 2017, 4:00 AM

El trámite de la Ley 266, promulgada en Trinidad, está basado en el engaño y la mentira, la simulación y la soberbia. Hace años, el actual presidente, como dirigente sindical y como parlamentario, había anunciado el asalto al territorio indígena. Luego, cada año, se consumó el progresivo asalto al Tipnis cuyas 1.200.000 ha fueron reconocidas por el Gobierno del cual fui parte (marzo de 1997).  

El pretexto de la anulación de la intangibilidad -reconocida por la Ley 180 y una sentencia constitucional-, fue llevar desarrollo, salud y educación a las comunidades. La verdadera razón era la construcción de una carretera por el corazón del Tipnis para acelerar la ampliación de las hectáreas de coca destinadas hoy, según las NNUU, al consumo ilegal. 

El hogar de la mayoría de las comunidades indígenas está a orillas de los ríos Isiboro y Sécure, donde no están las tierras más apetecibles para cultivar coca. Hay una distancia de tres días a la nueva carretera y un día para llegar a Trinidad. ¿Por qué este engaño? Por la necesidad de los cocaleros de Chapare de nuevas tierras para la coca ilegal y el interés de madereros y terratenientes. Además, el Gobierno proclama haber realizado la consulta previa cuando el anterior defensor del pueblo, Rolando Villena, y la Iglesia católica, a través de Cáritas, comprobaron el engaño a dirigentes convocados para recibir algunos regalos y cuyas firmas fueron utilizadas como el “consentimiento libre” que exige el protocolo de la consulta previa.  

Los cocaleros del Conisur, no los indígenas, insistieron en el levantamiento de la intangibilidad del Tipnis, es decir, gente ajena y dedicada al cultivo de la coca ilegal. Algunos indígenas fueron cómplices de este pedido cocalero. Hoy los del Conisur se proclaman dueños originarios y ancestrales poseedores del Tipnis, con derecho a decidir quién entra y quién sale de “su territorio”. ¡Igualito que Pizarro, Almagro o Cortez! ¿Por qué? Por la necesidad de los cocaleros de Chapare de nuevas tierras para la coca ilegal.

Por décadas, la invasión cocalera simuló respetar el territorio indígena. Hace años, Evo Morales, en nombre de los cocaleros, firmó el acuerdo de la Línea Roja ante Marcial Fabricano, para frenar la invasión cocalera. Esa firma fue una simulación, el Polígono Siete avanzó y existe alrededor de 1.200 hectáreas de coca ilegal. ¿Por qué esta simulación? Por la necesidad de los cocaleros de Chapare de nuevas tierras para la coca ilegal.

Finalmente, la soberbia del Gobierno humilló al Tribunal Constitucional que había reconocido la constitucionalidad del contenido de la Ley 180 sobre Intangibilidad del Tipnis para la construcción de carreteras y otras obras de infraestructura. La Ley 266 infringe la Constitución vigente, la Ley 1333 del Medio Ambiente y el reglamento de Áreas Protegidas, entre otras medidas. Además, infringe convenios y tratados internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, las Declaraciones de NNUU y de la OEA sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio de la Biodiversidad. ¿Por qué esta soberbia? Porque los cocaleros de Chapare necesitan nuevas tierras para la coca ilegal. Sin embargo, aún queda el derecho internacional.

En 2005, una mayoría del pueblo boliviano votó por el MAS sin conocer su impostura, su vocación despojadora de territorios y su mentalidad conquistadora y colonial que reactualizó el estructural colonialismo interno denunciado hace décadas por el movimiento katarista. 

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