Opinión

Transparencia imprescindible

El Deber logo
10 de abril de 2018, 4:00 AM
10 de abril de 2018, 4:00 AM

La Asamblea Legislativa Plurinacional creó una comisión parlamentaria para investigar los posibles tentáculos del bullado caso Lava Jato en nuestro país. El equipo está conformado mayoritariamente por miembros del oficialismo y ha definido que indagará los contratos suscritos con dos de las cinco empresas implicadas en este escándalo de corrupción que no tiene precedentes y que ya ha golpeado a mandatarios y altos funcionarios de varios países de la región.

El caso Lava Jato es, en este momento, la herida más grande del coloso de Sudamérica, donde hay poderosos empresarios, parlamentarios, servidores públicos y hasta un expresidente tras las rejas, acusados de sobornar o de recibir sobornos para favorecer a compañías que prácticamente monopolizaron las obras públicas en ese país, además pagaron dinero de manera ilegal para acceder a contratos en otras naciones como Argentina y Perú, según las declaraciones de los sindicados que buscaron acortar sus penas de esa manera.

La semana pasada se accedió a los documentos de la Policía Federal de Brasil en el que se señala que la empresa Camargo Correa supuestamente pagó a un exgerente del que fuera el Servicio Nacional de Caminos y a un exministro para obtener beneficios, lo que dio lugar al pedido del presidente Evo Morales para que los contratos sean investigados y que el tema sea esclarecido.

No obstante, ha sido llamativo que la comisión legislativa solo incluya las obras de las compañías brasileñas Odebrecht y Camargo Correa; mientras que deja a un lado los contratos con OAS, Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvao, empresas que también están metidas en el escándalo de Lava Jato. Mientras crece la polémica por esta decisión, salió a flote la entrevista realizada por Los Tiempos con el presidente de Caminos José María Bakovic en 2010, en la que él denuncia “la preferencia del Gobierno nacional con la empresa OAS”, a la que le adjudicó obras viales de importancia, entre ellas la que debía atravesar el corazón del Tipnis y que fue suspendida debido a las protestas de los habitantes de tierras bajas. 

La decisión de sesgar la investigación, poniendo la mirada sobre unas y no sobre otras empresas, despierta susceptibilidades de parte de la oposición y de otros generadores de opinión pública, ya que tanto Bolivia como el continente se mantienen impactados por los últimos acontecimientos en Brasil, el encarcelamiento del expresidente Lula y el curso de esa investigación.

Sin duda, los bolivianos no quieren atravesar por esa zozobra y, por esa razón, es prudente solicitar que tanto la comisión de asambleístas como la Fiscalía General del Estado investiguen todos los contratos, con la mayor transparencia posible. El sesgo, la determinación de ver unos casos (los contratos suscritos con otros gobiernos) y no todos, solo genera desconfianza en el resultado final. Quien nada tiene nada teme, dice el proverbio. La ciudadanía premiará el sincero esfuerzo de esclarecer posibles hechos de corrupción y castigará cualquier actitud que vaya en sentido contrario. Al final, todo se llega a saber en el devenir de los tiempos. 

Tags