2 de septiembre de 2023, 7:00 AM
2 de septiembre de 2023, 7:00 AM

Después de dos años y medio, el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, ha obtenido el respaldo legal para el retiro de los separadores de tráfico colocados a lo largo de los 6,7 kilómetros de extensión del primer anillo que rodea la ciudad. El trabajo que se prolongará por espacio de tres meses, representará al erario público la friolera de Bs. 10 millones que implican remover los bloques de cemento y otras obras complementarias y que engrosarán los costos del frustrado proyecto del BRT en el que se gastaron ‘al fósforo’ más de Bs 200 millones. Por fortuna, no será levantada también la calzada de cemento rígido que fue reforzada para soportar el paso de buses con pesos de entre 20 y 25 toneladas. Las casetas de paradas y boletaje serán habilitadas para ‘espacios culturales’ y de seguridad. De lo contrario, las pérdidas por la remoción total de la cuestionada obra se habrían elevado a la estratósfera. 

Argumentando que el problema no tiene que ver con los cordones a ser retirados sino con la reorganización del tráfico vehicular, concejales de oposición han cuestionado la decisión que, a capa y espada, defiende el alcalde Jhonny Fernández. Ha pedido a sus opositores que no se politice lo determinado porque cuenta con respaldo técnico suficiente para implementar mejoras y readecuaciones en la ruta. Fernández, dicho sea de paso, tiene pendiente su compromiso de campaña electoral de retirar hasta el 40% de los buses y otras unidades que circulan atropelladamente por calles y avenidas de una urbe afectada por trancaderas infernales en ciertos horarios y puntos.

El BRT equivale a autobuses de tránsito rápido o sistema de transporte masivo, diseñado específicamente con servicios e infraestructuras para mejorar el flujo de pasajeros ahorrando hasta un 50% de tiempo en viaje. Una de sus características principales es su circulación por carriles exclusivos en zonas urbanas. Es reconocido como un sistema ‘económico, ecológico, eficiente e inclusivo, moderno y seguro’. Un criterio especializado señala que la movilidad urbana es fundamental para el exitoso funcionamiento de las ciudades.

 Para refrescarle la memoria a algunos ‘olvidadizos’, en noviembre de 2017 la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA, costeó $us 8 millones de un proyecto de ‘plan maestro’ para mejorar el transporte en el área metropolitana de la capital cruceña. Aparentemente, fue un gasto inútil no obstante que dicho proyecto representaba la base para implementar planes y programas de movilidad urbana y, por tanto, dar soluciones integrales a los problemas del transporte que en las condiciones actuales impide mejorar la calidad de vida de la población y posterga el salto a la modernidad de la ciudad más grande y poblada de Bolivia. 

Los dirigentes del influyente sector transportista demandan mayor seguridad jurídica y tiempo bajo el mismo e insostenible sistema que admiten a regañadientes y que, según una investigación periodística de EL DEBER, mueve alrededor de $us 300 millones anuales que representan, en medio de una caótica circulación y una deficiente prestación de servicios, jugosas ganancias a los propietarios de los buses que conducen choferes sometidos a trabajos forzados con pagos miserables.
En suma, el reordenamiento del transporte público urbano es una deuda de muy vieja data con la ciudad y los ciudadanos. Una deuda que representa uno de los problemas más complejos de resolver y cuyo cumplimiento no puede ni debe prolongarse por más tiempo.

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