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El proceso de vacunación en Bolivia contra el Covid-19 sufre tropiezos que tienen en vilo a la población expuesta por errores que denotan improvisación y un manejo inadecuado desde el nivel del Gobierno central.

El más reciente de esos incidentes es el cierre de varios puntos de vacunación en Santa Cruz porque hasta primeras horas de ayer, viernes, sólo quedaban 2.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V en la ciudad capital del departamento. La fecha de la siguiente llegada de nuevos lotes de vacuna es incierta, como fue durante lo que va del año, con cronogramas anunciados oficialmente que no se cumplieron.

En Santa Cruz se ha vacunado a 226.000 personas, de las cuales 95.000 son adultos mayores, siguiendo el registro del Servicio Departamental de Salud (Sedes).

El vocero presidencial Jorge Richter anunció para el 15 de mayo el envío de un millón de dosis de la vacuna china Shinopharm, aunque los anuncios de fechas anteriores hechos por esa misma autoridad tampoco fueron efectivos. Si nos atenemos a las previsiones iniciales publicitadas por el Gobierno, en estos días y durante todo el mes de mayo tendrían que estar vacunándose las personas comprendidas entre 50 y 60 años en todo el país. Pero nada de eso ha ocurrido.

Bolivia le compra vacunas solo a Rusia y China, lo que deja la sospecha de que la elección de proveedores se hace en base a criterios políticos. Las dosis de AstraZenaca y Pfizer que llegaron al país fueron donadas por el mecanismo Covax, principalmente gracias al mayoritario apoyo presupuestario de Estados Unidos.

Sin embargo, y pese al clamor de la población por contar con más vacunas, el país no adquiere vacunas de otros grandes fabricantes del inmunizante. Es más, tampoco se ha permitido a los gobiernos departamentales y mucho menos a la empresa privada a hacer gestiones para la compra, importación y dosificación del inyectable. El Gobierno conserva para sí todos los monopolios relacionados con la vacuna, pero tampoco lo hace con eficiencia.

En ese sentido, también llama mucho la atención la orden emanada por el Ministerio de Salud para cambiar el intervalo de aplicación entre la primera y la segunda dosis en el caso de las vacunas Sputnik V y AstraZeneca. De los 21 días iniciales contemplados al arrancar la campaña, de pronto se ha cambiado el intervalo a 90 días para recibir la segunda dosis, incluso con pacientes que ya recibieron la primera dosis, principalmente los adultos mayores de más de 80 y 70 años, a quienes ahora tendrán que convencer que deben esperar tres meses para la segunda dosis.

Si bien en el caso de la vacuna rusa ha sido el Instituto Gamaleya, el fabricante, el que abrió la posibilidad de esperar hasta tres meses para la segunda inyección, el tema no deja de ser preocupante, por la desconfianza que se genera en quienes recibieron la primera dosis.

Finalmente, el sector privado se ha ofrecido a gestionar la importación de vacunas, a lo que el Gobierno no solo debiera no poner objeciones, sino también tomarles la palabra y pedirles un inmediato cronograma de adquisiciones. Obviamente tendrían que ser vacunas gratuitas financiadas por el Estado boliviano, pero que aprovechen la eficiencia y experiencia de los empresarios privados para mejorar una gestión que hasta ahora tropieza con frecuencia.

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