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Cuando se habla de corrupción, una de las primeras reacciones en el sistema político es mirar a la vereda del frente para apuntar con el dedo, responsabilizar a los del bando contrario, y salir en defensa de los propios, como si la corrupción dentro de la casa propia no fuera tan grave como la que se comete en casa ajena.

La corrupción es corrupción en cualquier partido, gobierno, región o tendencia ideológica. Desde el punto de vista legal y moral, no existe diferencia de casos de corrupción según sea quien la cometa; robar los dineros públicos es de ladrones, sean estos de izquierda o derecha, del altiplano o los llanos, sean de un gobierno central o de un gobierno local.

La corrupción es un mal endémico en Bolivia, al punto que el acceso a la función pública se percibe socialmente como una oportunidad para robar, como la vía más rápida para enriquecerse; y mientras más grande sea el puesto al que se postule en elecciones, más grande es el botín.

Si bien el asunto nunca sale de la agenda informativa, lo cual habla muy mal del país porque significa que la corrupción además es permanente, en estos días ha vuelto con fuerza a ocupar espacios en los medios de comunicación tras las denuncias de la existencia de ítems fantasmas en la Alcaldía de Santa Cruz durante la administración de Percy Fernández y Angélica Sosa.

Ayer se supo que la Alcaldía ha iniciado 18 procesos penales por corrupción contra exfuncionarios, por un daño económico de aproximadamente 300 millones de bolivianos.

La directora de Transparencia del municipio, Adriana Pedraza, hizo ese cálculo del perjuicio económico e identificó que los casos se produjeron en varias unidades del ejecutivo municipal, entre ellos Recursos Humanos, Frigorífico Municipal, Administración y Finanzas, Seguridad Ciudadana, Bienes Municipales, Planificación, Emacruz, empresas desconcentradas, Hospital Pampa de la Isla, Jardín Botánico y Subalcaldía del distrito 7.

Entre los denunciados hay funcionarios sin rango, jefes, directores, secretarios municipales y una excaldesa, ahora detenida preventivamente en Palmasola.
Los delitos por los que se los acusa son robo, hurto, conducta antieconómica, uso indebido de influencias, uso indebido de bienes y servicios, cohecho pasivo propio, cohecho pasivo, incumplimiento de deberes, falsedad ideológica, concusión, beneficios en razón del cargo, legitimación de ganancias ilícitas y contratos lesivos al estado.

Todos los casos denunciados deben ser investigados y sancionados severamente, como corresponde en justicia, después de desarrollarse procesos justos, transparentes e independientes, cualidades estas que no existieron en el procesamiento de grandes casos de corrupción a nivel nacional durante el gobierno de Evo Morales que concluyeron en nada.

Nadie olvida la corrupción del Fondo Indígena que ocasionó un daño económico al Estado de 182,7 millones de dólares, de fondos públicos que fueron depositados en cuentas particulares de 968 autoridades y dirigentes de organizaciones sociales afines al MAS.

También están los casos de la CAMC y los negocios de Gabriela Zapata, que fue novia de Evo Morales, los contratos irregulares, la compra de taladros y adjudicaciones fraudulentas de YPFB, el pago de 28 millones de dólares por las barcazas chinas que nunca llegaron y tantos otros.

Corrupción hay por donde se vea, y todos los casos merecen atención. No existe corrupción buena o mala, la única diferencia real es que los casos de corrupción del Gobierno no avanzan porque los que detentan el poder tienen a la justicia de su lado.

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