20 de febrero de 2024, 7:35 AM
20 de febrero de 2024, 7:35 AM

El Gobierno y los empresarios privados del país firmaron ayer un acuerdo histórico mediante el cual se liberan las exportaciones, se flexibilizan ciertas restricciones económicas y se crean incentivos a la inversión privada, todo con el fin de contrarrestar la escasez de dólares, aliviar el desabastecimiento de diésel y dinamizar la economía.

El acuerdo de diez puntos llega en un momento crítico para la economía nacional, pues ya se comienza a evidenciar un incremento en el precio de diversos productos y servicios debido al aumento de los costos de importación y otros efectos derivados de la escasez de dólares en el mercado. El Gobierno del MAS ha debido dimensionar la gravedad de la situación para que finalmente decida sentarse a negociar con el sector privado, al que siempre ha tratado con desconfianza y hasta con desdén.

Las medidas adoptadas eran ya un clamor de los empresarios y economistas desde hace más de un año, cuando las Reservas Internacionales Netas bajaron a niveles alarmantes y ya se advertía sobre una inminente escasez de la divisa estadounidense. El Gobierno de Luis Arce minimizaba esas recomendaciones y defendía a ultranza su modelo basado en la inversión estatal. Parecía la continuación de la política económica estatista implementada durante los gobiernos de Evo Morales, cuando a los empresarios se los tildaba de oligarcas y terratenientes y se los mantenía al margen de toda decisión estratégica.

Aunque sea obligado por las circunstancias, es positivo que el Gobierno de Arce haya dado un paso en pos de una mayor flexibilidad económica y en coordinación con el sector privado, que siempre ha sido un pilar fundamental de la economía. Los diez puntos del acuerdo son absolutamente necesarios para paliar la presente situación, aunque no se abordan otras medidas que podrían tener un impacto aún mayor, como la reducción del gasto público y del déficit fiscal.

En líneas generales, el acuerdo histórico incluye la liberación de las exportaciones y la agilización de trámites aduaneros para incrementar el ingreso de dólares al país. Además, el Banco Central de Bolivia emitirá bonos en dólares para aumentar la oferta de la divisa en la banca privada, aunque persiste el cobro del ITF, que desincentiva la bancarización en dólares.

Por otro lado, se abrirá la subasta de diésel para grandes compradores y se agilizará la importación de este combustible a cargo del sector privado, lo que podría aliviar el subsidio estatal y resolver el problema de desabastecimiento.

Finalmente, se flexibilizan algunas restricciones para el transporte pesado, se ofrecen incentivos para la inversión en el sector agrícola y se establecen límites en el cobro de comisiones para las transferencias y giros al exterior. Sin embargo, este último punto requiere un análisis más detenido, según analistas, ya que no deja de ser una intervención en el mercado de divisas.

En resumen, este acuerdo público-privado es un paso esencial para comenzar a revertir la escasez de dólares en el mercado. Llega en un momento crítico, cuando la moneda estadounidense se cotiza por encima de los 8 bolivianos, lo que significa una devaluación implícita cercana al 20% de la moneda nacional. Aunque no garantizarán la provisión de divisas suficientes para cubrir la importación de combustibles y el servicio de la deuda externa de Bolivia, que demandan miles de millones de dólares al año, estas medidas representan un avance proactivo de dos sectores que son clave para la economía. Después de mucho tiempo, los públicos y privados se dan la mano para beneficio mutuo y para el fortalecimiento de la economía en su conjunto.

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