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Luis Arce cumple mañana un año en el poder. Su triunfo en las urnas fue contundente y comprensible: llegaba con el 55% de apoyo en las urnas y con la posibilidad de transformar lo que hasta ese momento se había hecho. El respaldo era de esperanza, pues Bolivia no terminaba de curarse de una brutal crisis política y además estaba viviendo las secuelas de una pandemia que afectó a la economía. El país necesitaba una luz al final del túnel.

Durante la campaña electoral, el marketing político presentó a Luis Arce como el ‘gurú’ de la economía, el que tenía la llave maestra para sacar a Bolivia de la crisis. Un año después la imagen proyectada se derrumba. Quizás por eso es que, lejos de mostrarse con autoridad para gobernar, el presidente opta por generar miedo y su vicepresidente, David Choquehuanca, por arengar a los movimientos sociales afines para que salgan a confrontar a quienes solo piden ser escuchados a la hora de aprobar leyes e implementar políticas públicas.

Luis Arce se mantiene preso de la retórica del ‘golpe de Estado’ y todo su accionar tiene ese sello. La atención de la pandemia ha logrado vacunas suficientes para la población, pero no resuelve la carencia de recursos humanos; la educación no ha mejorado. Culpar al “Gobierno de facto” ya es absurdo; van un año en el poder.

Lejos de integrar, de sumar esfuerzos y de trabajar con todos los actores de la economía, se ha ocupado de poner más trabas a los sectores privados: por ejemplo, con frenos a las exportaciones antes que con incentivos. El resultado es claro. Chile tiene un crecimiento de dos dígitos y Bolivia tiene una expansión modesta, que es producto del efecto rebote.

No hay información oficial actualizada para sincerar el estado de la economía; es más, se aprobó una ley para centralizar los datos, a fin de que no se filtre la verdad de cómo estamos. Entre las normas impulsadas desde el Ejecutivo hay al menos cinco que tienen la finalidad de controlar y sancionar a los opositores. Esa es la razón central del paro nacional convocado para este lunes. Y los créditos ofrecidos no llegan a todos los que los necesitan.

La institucionalidad no existe. No hay autoridades elegidas como manda la ley. Todas llegan a sus cargos por el dedazo del Ejecutivo, la mayoría sin méritos y con la deuda de responder con sus actos a quien los designó. Para coronar esto último, el MAS incorporó en su estatuto que solo sus militantes pueden ser servidores públicos, lo que impondrá la mediocridad y el clientelismo.

Bajaron las cifras del desempleo más por un efecto rebote que por políticas claras para ello. Los desocupados trabajan, pero lo hacen en condiciones de mala calidad, mayoritariamente en el sector informal de la economía, donde no se respetan sus derechos laborales.

En este año de gestión se ha profundizado la crisis energética nacional y ya no se puede esconder que el gas se está acabando frente a un incierto panorama de proyectos de exploración. Un aplazo que viene desde Evo Morales.

La inseguridad es cada vez mayor. En este año de Gobierno han aparecido grupos irregulares armados en las tomas ilegales de tierra, que cuentan con ayuda del INRA, como lo han admitido las autoridades de esta entidad. El narcotráfico se campea, mientras hay operativos en los que se destruyen fábricas de cristalización, pero nunca hay detenidos.

En lo político, Arce no puede liberarse de la sombra de Evo Morales y tampoco logra configurarse como un estadista.

En suma, la gestión no marcha bien. Y no les alcanzará a Luis Arce ni a David Choquehuanca con sembrar odio y atemorizar a los bolivianos libres, porque los resultados no se pueden esconder y la población, que los apoyó esperanzada, pasará la factura de tantas medidas erradas.

 



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