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Después de varios días de protestas, pobladores de Yapacaní que tenían cercados pozos petroleros de la zona, decidieron radicalizar sus medidas, esta vez con el bloqueo a las plantas gasíferas de Sirari y Yapacaní, y en la carretera entre Santa Cruz y Cochabamba, que pasa por esa población.

La denominada Federación de Interculturales de la provincia Ichilo es la que lleva adelante la medida de enorme perjuicio económico para dos departamentos y el país porque considera que fracasó el diálogo con el Gobierno central para atender un largo pliego de peticiones.

Los bloqueadores piden el asfaltado de la ruta de Yapacaní a las plantas de gas de la zona, la instalación de surtidores de combustibles, la dotación de servicio de gas domiciliario y saneamiento de tierras.

La próxima medida que anuncian si continúa la desatención a sus demandas es el cierre de válvulas de las plantas de gas del pozo Yarará X1, descubierto hace poco tiempo.

Los dirigentes de la medida explican que las comunidades asentadas en el trayecto que conduce a los pozos petroleros se dedican a la producción de arroz, soya, ganadería, piscicultura y otras actividades productivas, pero que las malas condiciones del camino dificultan el trabajo de los pobladores.

Alegan que el primer pozo petrolero de la zona se ha descubierto en 1974, pero hasta la fecha, aseguran, no se han beneficiado ‘con nada’, por lo que están dispuestos a desalojar al personal que trabaja en el lugar y tomar las plantas.

Se estima que el pozo Yarará X-1 tiene un potencial de 13,7 millones de barriles de petróleo y 76,8 billones de pies cúbicos de gas natural, y se calcula que en condiciones normales tiene un caudal de producción inicial de 300 a 400 barriles por día.

Hay que recordar que la zona de Yapacaní tiene una población mayoritariamente afín al actual partido de Gobierno, o, como se dice en política, es un bastión fuerte del Movimiento Al Socialismo. Probablemente en esa confianza radica alguna de las razones de la movilización que, como todas, redundará en perjuicios económicos para la misma zona, para los departamentos directamente afectados y el conjunto del país.

¿Es sensato bloquear carreteras por donde circulan productos y pasajeros en el segundo año de una pandemia que golpea duramente a los habitantes y la economía? ¿Permiten las leyes bolivianas obstaculizar así, sin más razones, la operación de pozos petroleros que le dan al país sus escasos ingresos?

No se ha escuchado ni se ha visto ninguna acción de responsabilidad de las autoridades nacionales en este delicado asunto: ¿O porque se trata de un ‘bastión del MAS’ se tienen esas consideraciones y se permite que bloqueen carreteras y obstaculicen el trabajo de yacimientos petrolíferos y gasíferos? Alguien no está cumpliendo con su responsabilidad protegiendo los intereses de los ciudadanos y del Estado nacional.

La región de Yapacaní hace noticia con más frecuencia de lo que se quisiera y siempre con el mismo denominador común: bloqueos. Una rápida búsqueda de las palabras ‘Yapacaní’ asociada con ‘bloqueo’ en el buscador de Google muestra en fracciones de segundos un resultado alarmante: allí hubo bloqueos en enero de 2020, en mayo, en septiembre, en noviembre, en diciembre y en lo que va del año en varios días de este mes de enero.

 



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