10 de julio de 2021, 7:00 AM
10 de julio de 2021, 7:00 AM

Los problemas no resueltos de la tierra son solo una parte del peligroso coctel que pone en riesgo los bosques de Santa Cruz y del país. A la negligencia del Instituto de Reforma Agraria para participar en la Comisión Agraria Departamental (como está establecido por la ley) y para coordinar con los municipios la dotación de títulos de propiedad se suma la inexplicable decisión de la Administradora Boliviana de Bosques (ABT) de ampliar el periodo de quemas controladas hasta fines de julio.

De acuerdo con reportes oficiales, solo en el mes de mayo de 2021 se registraron casi 500 focos de quema por encima de 2021; mientras que en junio ya hubo 3.701, más de 2.000 que en el mismo mes del año pasado, cuando se habían detectado 1.674 en total.

El cambio climático ha provocado una sequía en los bosques, favorecida por las heladas de este invierno, lo que genera una mayor probabilidad de incendios forestales. Eso significa mayor peligro para la destrucción de flora y fauna que habitan en los bosques.

Frente a esta situación hay una conducta contradictoria de parte del Estado central. El Viceministerio de Defensa Social anunció que ha movilizado personal para retirar llantas de la zona chiquitana, que presumiblemente iban a ser usadas para iniciar quemas. Mientras esa cartera muestra un rostro amigable con el medioambiente, interesado en evitar el desastre ecológico de la pérdida de bosques por incendios, la ABT está permitiendo que se extienda el periodo de quema controlada, supuestamente porque había un retraso. ¿No coordinan? ¿O es que el gobierno pretende fomentar los chaqueos, mientras dice que hace lo contrario?

A ello se suma la inexistente voluntad de llegar a soluciones acordadas. Las leyes sobre el manejo de la tierra indican que la Comisión Agraria Departamental debe ser el espacio de concertación y acuerdo para la dotación de tierra y las políticas que tienen que ver con ella. Si bien la titulación es atribución del gobierno nacional, los municipios tienen que cuidar el uso de suelo que se da a sus territorios; mientras que las gobernaciones deben velar porque se entregue títulos de propiedad a los lugareños en primera instancia.

Ni el INRA ni la ABT acuden a reunirse con los niveles departamentales y municipales en un claro incumplimiento de deberes. Sus directores dicen que coordinarán directamente con los actores involucrados en el manejo de la tierra. Pero en la realidad, con los únicos que coordinan es con los sectores interculturales (léase colonizadores) que llegan desde otros puntos del país, bajo el amparo del MAS y del gobierno central. Hay abundantes testimonios de indígenas del oriente y de campesinos de este departamento que vienen pidiendo tierra desde hace años sin que se les tome en cuenta y, menos aún, dote de títulos de propiedad.

Ya hubo una confrontación en San Ignacio de Velasco que dejó dos heridos. ¿Qué más están esperando estas autoridades para cumplir con su responsabilidad y buscar soluciones para el problema?

Entretanto, llegaron los vientos y la temporada en que comienzan los incendios forestales. Hay quienes piensan que este terrible daño al medio ambiente puede ser usado como arma en esta pugna. Lo concreto es que Bolivia está perdiendo millones de hectáres de bosques cada año y que esta situación está alterando los ecosistemas y generando consecuencias irreversibles de calentamiento global, pérdida de especies de flora y fauna, así como escasez de humedad.

En Santa Cruz hay una ocupación de tierras y territorios indígenas por parte de colonizadores que llegan de otros departamentos. El problema es que el panorama es desordenado, pues ni el INRA sabe cuántas comunidades son, ya que hay varias ilegales. Aparte de la ilegalidad que esto significa, se está cambiando el uso de suelo del departamento y se están depredando los bosques para ampliar la frontera agrícola. Ahora mismo, nadie tiene control sobre la materia.

En pocas semanas pueden comenzar los grandes incendios forestales y claramente hay responsables. ¿O quizás la ABT y el INRA son capaces de reflexionar y poner un alto a este caos para frenar la tragedia en la naturaleza? Que el amor por la Madre Tierra y la responsabilidad profesional pesen más que la obsecuencia política.

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