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Wilma Flores Zurita, de 26 años, se sabía amenazada por su expareja, conocía su instinto violento, había sufrido ultrajes en manos del hombre de quien se había separado, pero que insistía en volver con ella y no la dejaba tener otra pareja, al punto que vivía en la misma vivienda que ella. El domingo al mediodía, el hombre la persiguió y en las puertas de un supermercado la mató, delante de toda la gente que a esa hora pasaba por allí, tiró el arma blanca junto al cuerpo sangrante y se marchó del lugar caminando, sin prisa, como si nada hubiera pasado.

La víctima había sentado denuncias por violencia familiar contra su expareja, de nombre Marcelino Martínez Arenas, en dos ocasiones, pero los familiares no se explican ahora cómo es que la justicia no hizo nada para evitar ese atroz crimen.

Ahora ella está muerta y nada de lo que se haga servirá de algo, ni siquiera que le den la pena de 30 años de cárcel sin derecho a indulto al asesino. Nada le devolverá la vida a Wilma y sus dos hijos de seis y dos años crecerán huérfanos, sin madre ni padre. Cuando sean jóvenes se preguntarán cómo es que sabiendo la amenaza que representaba aquel hombre y habiendo dos denuncias en su contra, la Justicia, la Policía y la sociedad misma permitieron aquel asesinato que todos veían venir.

El feminicidio de Wilma es la historia de todos los feminicios: el hombre se siente dueño de la mujer, cree que es de su propiedad, así como se tiene en propiedad un reloj o un zapato, y por tanto se siente en derecho de hacer lo que mejor le parezca con un ‘objeto’ de su propiedad.

Y como en la mente del feminicida la mujer es de su propiedad, entonces también se siente en la libertad de quitarle la vida si cree que no le es dócil a sus órdenes o presiones, como cuando ella decide separarse y no volver con él, que es el caso de Wilma.

Hay en el feminicida cierto grado de demencia y un sentido de no pertenencia a una sociedad en la que imperan un conjunto de valores y normas para una mejor convivencia entre todos: por eso no le importó disponer de la vida de Wilma, ni le incomodó hacerlo delante de varias personas, tampoco mostró prisa al retirarse del lugar porque quizá en su mente enferma juzgó que había hecho lo que corresponde; finalmente por esas mismas razones no le importará pasar los próximos 30 años de su vida en la cárcel. Ningún castigo, por duro que sea, compensará la pérdida de una vida inocente.

Duelen los 32 feminicidios registrados en lo que va del año en el país, cuando apenas está comenzando el mes de abril; pero duele más un caso cuando se pudo evitar. Y en la muerte de Wilma Flores en cierto modo toda la sociedad tendría que preguntarse por qué seguimos haciendo mal esta lucha sin fin contra los feminicidios. ¿Y aún así quiere el Ministerio de Justicia flexibilizar la ley para que sea la víctima la que determine si el agresor será procesado por la vía penal o simplemente se irá a la conciliación?

La muerte de Wilma Flores es una ignominia para el país, es un aplazo vergonzoso para la Justicia, para las leyes de este país, para la Policía, para el Ministerio de Justicia, pero también para los habitantes de las ciudades donde matar mujeres es un hábito criminal de delincuentes que camuflan su brutal vocación delictiva en la figura de maridos, novios o parejas.

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