Una investigación periodística bien sustentada demostró que un estado ficticio buscaba alquilar tierras indígenas a perpetuidad y adueñarse de los recursos naturales que había en ellas. Hasta ahí el Poder Ejecutivo no se había dado por enterado de una situación tan grave. Ahora, el mismo estado ficticio de Kailasa se atreve a amenazar a periodistas y a exigir una retractación pública, mientras el Estado: Gobierno nacional, Ministerio Público y Poder Judicial callan y lo permiten.
Esta situación podría graficarse visualizando a las palomas contra las escopetas. Los reportes periodísticos no hicieron más que demostrar que hay territorios indígenas que se alquilan al mejor postor y, muchas veces, sin el conocimiento pleno de la comunidad originaria. También pusieron en evidencia que las instituciones llamadas a defender la posesión de tierras no hacen bien ese trabajo y que incluso han sido socapadoras de invasiones y de ilegalidades que se cometen en el área rural.
Cuando el asunto fue destapado, las autoridades nacionales actuaron rápido para expulsar a los miembros del estado ficticio Kailasa. No habían empezado ninguna investigación y actuaron cortando de raíz cualquier posibilidad de encontrar evidencias que permitan saber quiénes fueron cómplices del ilegal alquiler de tierras indígenas a perpetuidad. Fuera de Bolivia, la pesquisa y el probable juicio contra estas personas se vuelve una quimera. Como siempre, se opta por sancionar al eslabón más débil, aunque no por eso libre de culpa; es decir a los dirigentes que firmaron los acuerdos.
Ahora, cuando se amenaza a periodistas desde el extranjero y se les exige que se retracten de la publicación de las investigaciones, el Gobierno no dice nada, como si no gobernara para todos, como si este tipo de abusos no fueran de su incumbencia.
El buen periodismo es incómodo para el poder, porque ilumina lo que se quiere mantener bajo las sombras. Pero eso no significa que los periodistas deban ser blanco fácil de organizaciones dudosas e ilegales, de estados ficticios que lo único que buscaban era apropiarse de territorio nacional, pese a que esa figura está fuera de la Constitución Política del Estado y de las leyes.
Aún no se ha dado explicación sobre la fotografía del presidente Luis Arce con miembros del estado ficticio Kailasa. Tampoco se dijo nada sobre por qué sus miembros ya tenían construcciones en territorio Cayubaba. A la mala, desde Migración se expulsó a estas personas en una acción que también puede ser interpretada como la falta de real voluntad de indagación profunda de los tentáculos de esta organización.
Instituciones periodísticas se pronunciaron en defensa de los profesionales amenazados. Una de ellas, Silvana Vincenti, es parte de EL DEBER y esta casa periodística no solo la respalda, sino que se enorgullece de tenerla en su plantel.
Más allá del amedrentamiento que se pretende desde el extranjero, esta casa sabe que hacer bien el trabajo de buscar la verdad y poner luz sobre las ilegalidades que a diario se cometen implica vivir bajo la presión de aquellos que se sienten perjudicados por la publicación de estas investigaciones. No obstante, seguimos adelante porque sabemos que el trabajo desinteresado y de servicio a la sociedad es lo que fortalece la democracia y la libertad de pensamiento y de acción.
Es lamentable que las instituciones del Estado miren a un costado y no hagan respetar la libertad de prensa que es un derecho inherente a todos sus ciudadanos.