Las recientes fiestas patrias del Perú fueron ocasión para que su presidenta, Dina Boluarte, incurriera en una innecesaria e injustificable provocación hacia Bolivia, al calificarla como un “Estado fallido”, junto a Cuba y Venezuela. Resulta irónico que haya pronunciado semejante juicio durante un discurso ante el Congreso, en medio de gritos, insultos y abucheos de la oposición parlamentaria, reflejo de la profunda y persistente crisis política que arrastra su propio país.
Tal vez se trató de un exabrupto, producto de la presión del momento, pero lo más lamentable es que la Cancillería peruana haya minimizado el incidente y no haya emitido las disculpas correspondientes. El canciller peruano, en lugar de enmendar el agravio, se limitó a decir: “Voy a ser honesto, nosotros no podemos tapar el sol con un dedo. No hay mea culpa que haya que hacer ahí”. Sus palabras suenan más a soberbia o incluso a una validación velada de lo dicho por su mandataria, lo que solo agrava el malestar.
La reacción boliviana fue oportuna y necesaria. La Cancillería convocó al encargado de negocios del Perú en La Paz para expresarle el rechazo oficial, mientras que la representante diplomática boliviana en Lima fue instruida a emitir un informe detallado de la situación. Por su parte, el presidente Luis Arce calificó las declaraciones de Boluarte como “inadmisibles” y aclaró que no representan el sentir del pueblo peruano.
Es importante subrayar que Bolivia no es un Estado fallido. Si bien atraviesa una profunda crisis de institucionalidad, con una justicia deslegitimada y serios problemas políticos, sociales y económicos, el país sigue contando con mecanismos democráticos para superar sus desafíos. Equipararlo con regímenes autoritarios como los de Cuba o Venezuela no solo es una comparación errada, sino una ofensa gratuita. Y aunque se podría entender el contexto político interno que atraviesa Perú tras la caída de Pedro Castillo –aliado de Evo Morales y también representante de un populismo divisivo–, eso no justifica la agresión.
Tampoco se puede negar que ha habido momentos tensos en la relación bilateral. Evo Morales fue criticado por su injerencia en los asuntos internos del Perú y declarado persona no grata. A su vez, el gobierno peruano rechazó la designación de Lidia Patty como consulesa en Puno, por considerar que su nominación respondía más a intereses políticos que diplomáticos. Estos hechos contribuyen a explicar el actual enfriamiento, pero no deberían impedir el reencuentro entre dos naciones hermanas.
Las diferencias ideológicas entre gobiernos de turno no deben eclipsar la riqueza y profundidad de una relación bilateral que históricamente ha sido sólida. Bolivia y Perú comparten una extensa frontera, retos comunes en materia de desarrollo, seguridad, medioambiente, comercio, energía e integración. Además, Perú es un socio comercial clave para Bolivia, con una creciente interdependencia logística, especialmente a través de los puertos del sur peruano.
El próximo gobierno que surja de las elecciones generales en Bolivia tendrá la oportunidad de reconducir la relación con Perú, fortaleciendo los lazos en función de los intereses comunes, más allá de afinidades ideológicas. Lo mismo se espera de la presidenta Boluarte, de quien sería un gesto de altura pedir disculpas y contribuir a normalizar los vínculos diplomáticos.
La solución a este impasse pasa por mantener una postura firme, pero sin sobrerreaccionar. Bolivia debe exigir respeto por los canales diplomáticos, y al mismo tiempo proponer la reactivación de los gabinetes binacionales como muestra de voluntad política para reconstruir la relación sobre bases de respeto, cooperación y hermandad