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Finalmente, ayer se conoció el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los hechos de violencia registrados entre octubre y diciembre de 2019, y concluyó que se produjeron graves violaciones a los derechos humanos en los gobiernos de Evo Morales primero, y de Jeanine Áñez después, que dejaron personas afectadas en los dos lados del espectro político en condición de víctimas.

El informe deja claro que los enfrentamientos no surgieron de la nada, sino que estuvieron precedidos por discursos antagónicos de líderes reconocidos y por decisiones políticas y acciones que pusieron en tensión las reglas de funcionamiento de los mecanismos participativos de la democracia y las instituciones que deben vigilar su cumplimiento.

El GIEI reparte responsabilidades, porque aunque no cita nombres, la referencia a los líderes del MAS y de la vereda política de enfrente es obvia.
Otro de los aspectos centrales del informe del Grupo es la observación que hace a las serias deficiencias del Estado boliviano en garantizar y respetar la independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público. Para los bolivianos este aspecto no es ningún descubrimiento: la justicia boliviana está, por decir lo menos, podrida: es fuente de corrupción y manipulación por parte del poder político de turno.

Así ocurrió durante los 14 años de gobierno de Evo Morales, así ocurrió en los once meses del Gobierno de Áñez y así está ocurriendo en los primeros nueve meses del Gobierno de Luis Arce. En el último tiempo es muy visible como la Justicia y la Fiscalía se convirtieron en brazos operativos de la persecución política del Gobierno de Arce contra exautoridades del Gobierno de transición.

¿Quién más tiene que decir que el Poder Judicial y el Ministerio Público de Bolivia son la peor lacra del país para que algo cambie? ¿Para cuándo una reestructuración de estas instituciones? ¿Será posible, con el MAS en el Gobierno, confiar en que pueda haber una justicia independiente del ministro de Justicia, del procurador y del presidente del Estado?

Lo censurable de la jornada en que se presentó el informe del GIEI es el discurso político y manipulador del presidente Arce, que quiso llevar las aguas del informe -bastante serio, sensato y ajustado a los hechos- al molino de la teoría del “golpe”.

Arce parece desconocer intencionalmente las reiteradas aclaraciones que con mucha anticipación dijeron los representantes del GIEI cuando advirtieron que no les corresponde a ellos establecer si hubo fraude o golpe el 2019, que su misión es esclarecer los hechos de violencia que derivaron en muertes en Senkata, Sacaba y Montero.

Tampoco es propio de un jefe de Estado manipular visiblemente solo fragmentos del informe para, una vez más, hablar de un supuesto golpe de Estado cuando la auditoría vinculante de la OEA estableció que hubo una manipulación dolosa de la votación, que, en una palabra, significa fraude.

Hace apenas 11 días el presidente Arce pasó un muy mal momento en la Asamblea Legislativa cuando en lugar de hacer un informe de gestión hizo un discurso político que su audiencia no aceptó e interrumpió porque lo consideró como una provocación.

Al presidente le hace falta más serenidad, le hace falta distinguirse del estilo confrontador de su jefe político, Evo Morales; Luis Arce tiene que darse su lugar como estadista alejando de sus intervenciones públicas ese estilo de discurso de plaza, proselitismo y provocación que ha adoptado desde que asumió el poder.

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