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3 de septiembre de 2019, 4:00 AM
3 de septiembre de 2019, 4:00 AM

El factor de producción tierra o recursos naturales (RRNN) tiene un papel muy importante en la economía del departamento de Santa Cruz y Bolivia. La presión demográfica y económica sobre los RRNN del oriente continúa su proceso, iniciado hace 50 años. Las políticas del Gobierno han permitido el ingreso a reservas ecológicas sin el más mínimo respeto a las normas. Han incentivado asentamientos ilegales, al igual que en el Tipnis, en la Reserva de Tucabaca, del Choré, etc., fomentando la movilización de mayor cantidad de personas para la explotación y ‘colonización’ de los territorios del oriente sin las mínimas condiciones de tecnificación y cuidado del medioambiente.

Existe legislación sobre los recursos naturales que no se está cumpliendo y que se ha “flexibilizado” para satisfacer acuerdos con intereses políticos de parte del Gobierno y económicos de parte de algunos empresarios “cortoplacistas”. El incumplimiento de estas normas, se contrasta con la disciplina para la aplicación de políticas de migración interna y gasto público que fomentan la dotación de tierras privadas y fiscales para la explotación desregulada de estos recursos, lo que nos está llevando a la insostenibilidad de nuestra economía, con un modelo económico de capitalismo de estado que se encuentra agotado en su “extractivismo desarrollista” y en su autofinanciamiento, con más de 5 años de déficit fiscal consecutivo.

Aquella maximización de los beneficios que se había generado en su momento con la explotación de los recursos naturales del oriente -no solo por los inmigrantes, sino también por extranjeros y oriundos del lugar- ya no está más y empieza a poner en riesgo el medioambiente. Esa sostenibilidad entendida como “el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades” (ONU), concepto que actualmente está contrapuesto al ‘desarrollismo’ y las políticas de asentamientos y dotaciones de tierras que lleva adelante desde hace años el Gobierno del MAS.

Es necesario que las políticas que regulen la explotación de los recursos naturales (forestales, hidrocarburíferos, mineros y agropecuarios), además de dar certidumbre y derechos de propiedad claros, tengan un mayor grado de autodeterminación de los gobiernos departamentales y municipales y pueblos indígenas de estos territorios por su cercanía a los habitantes del lugar.

En los recientes incendios que se generaron en la zona de la Chiquitania, hay muchos temas técnicos por resolver. Sin embargo, la forma en la que el Gobierno manejó la crisis que vivimos nos lleva a pensar que, por su improvisación y politización, no le interesa el medioambiente y el desarrollo sostenible.

En esta crisis, el Gobierno primero minimizó los daños, luego no pidió ayuda internacional, sumado al hecho de su gran responsabilidad por incentivar los asentamientos ilegales y en reservas naturales, además de la flexibilización de las normas de quemas en época seca.

Lo primero que debemos apoyar y esperar es que se apaguen los incendios, dejando atrás la politización del tema y proponiendo políticas que no restrinjan la producción y el empleo, aunque a través de un deseado desarrollo sostenible. Tenemos un Plan de Uso de Suelo (PLUS) que no se está cumpliendo. Se debe debatir las modificaciones a las normas con fundamentos técnicos y planificación bajo el liderazgo de un nuevo Gobierno con ideas innovadoras.

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