Un país tutelado y sin razones para el optimismo
Siguiendo una larga tradición de país que se pone zancadillas -a veces mortales- a sí mismo, Bolivia acaba de salir de un nuevo conflicto con un desenlace de curioso balance: no hubo vencedores, pero prácticamente todos salieron derrotados; todo terminó como el primer día, con la diferencia de más de 40 vidas perdidas por los bloqueos, un monto aún no cuantificado de pérdidas para la frágil economía boliviana y la reafirmación de que somos un Estado con pocas razones para el optimismo nacional.
Fueron doce días de brutales bloqueos con uso de fuerza, atropellos a los derechos y la dignidad de las personas, privación de alimentos a personas y animales, no respeto ni a ambulancias ni a camiones cisterna que transportaban oxígeno para salvar vidas.
Los protagonistas: la Central Obrera Boliviana con su dirigente Juan Carlos Huarachi, el denominado Pacto de Unidad y el Movimiento al Socialismo; el argumento: no queremos elecciones el 18 de octubre, las queremos antes; el resultado: las elecciones serán el 18 de octubre.
Ojalá fuera solo como caminar en círculos, donde al final los pasos conducen al punto de partida. De ser así, estaríamos hablando solo de tiempo perdido. Pero en realidad, se ha perdido mucho más que tiempo: además de los daños ya señalados, se ha perdido la confianza en que el país pueda vivir en paz.
El primer conflicto social después de los 14 años del régimen de Evo Morales demostró que la polarización social del país no solo no ha desaparecido, sino que se ha acentuado en niveles de radicalización extremos que deben llevarnos a pensar seriamente si es posible imaginar un futuro nacional en las condiciones actuales de división.
La convivencia social respetuosa y tolerante entre bolivianos es una quimera; hay demasiados intereses políticos que echan gasolina al fuego que entran en juego detrás de cada protesta, de cada bloqueo, de cada amenaza.
El país ha convertido ya en una costumbre la intervención de países de la comunidad internacional, organismos e Iglesia Católica para calmar las aguas cuando todos los intentos anteriores fracasan; somos un país donde sin el tutelaje de esos actores los bolivianos podríamos arrancarnos los ojos unos a otros con ira.
La breve ‘tregua’ que dicen otorgar los más beligerantes de esta guerra interna tiene fecha de caducidad: 18 de octubre. En las condiciones actuales de la fractura social, ningún resultado de las elecciones dejará conformes a los actores de la división y entonces vendrá una nueva escalada de violencia de consecuencias insospechadas.
¿Qué se puede hacer entonces? En un país donde el diálogo fuera reconocido y útil, un acuerdo anticipado, preventivo para aceptar y respetar el resultado de las elecciones, sea cual sea, entendiendo que ahora sí tendremos unos comicios limpios y sin fraude, podría ayudar. ¿Estará Bolivia y sus habitantes a la altura de un desafío colectivo de ese nivel?
El país está a dos meses de los comicios, y las campañas aún no han comenzado tras la pandemia: si hay algo por intentar para evitar que la tranquilidad se acabe el 18 de octubre es ahora; dentro de unos días será tarde porque los partidos estarán enfrascados en sus campañas y a nadie le interesará nada más que la pelea del poder.
