Opinión

Un peligroso camino

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1 de octubre de 2017, 4:00 AM
1 de octubre de 2017, 4:00 AM
Se está abriendo un peligroso camino que puede poner en riesgo la democracia. El Tribunal Constitucional admitió revisar el fondo del Recurso Abstracto de Inconstitucionalidad presentado por la bancada del MAS y dos diputados expulsados de la oposición, cuya demanda es que se anule la aplicación de cuatro artículos de la Carta Magna que impiden la repostulación del presidente, vicepresidente, asambleístas, gobernadores, alcaldes y concejales. Además, el pedido propone declarar inconstitucionales varios postulados de la Ley de Régimen Electoral, bajo similares argumentos.

En otras palabras, lo que el MAS está planteando es que el Tribunal Constitucional, cuyos actuales miembros están de salida, modifique la Constitución Política del Estado, sin seguir el camino que la misma Carta Magna propone: un referéndum y una Asamblea Constituyente. No solo se pretende desconocer la voluntad popular expresada el 21 de febrero, cuando la ciudadanía votó mayoritariamente contra de la repostulación del presidente y del vicepresidente a los cargos que hoy tienen, sino que se plantea un cambio de fondo en la norma suprema que rige a los bolivianos.

El MAS argumenta que la repostulación es un derecho humano y que la Constitución lo vulnera sobre la base del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José). El recurso ha sido planteado ante la instancia del Poder Judicial cuya misión fundamental es resguardar los postulados de la Carta Magna y no precisamente abrir el camino a su modificación a espaldas de la opinión ciudadana, que debería expresarse mediante el voto en un referéndum para dar luz verde a ese cambio.

A lo anterior debe sumarse el hecho de que los actuales miembros del Tribunal Constitucional terminarán su mandato el 4 de enero de 2018, es decir, en cuatro meses, y que individualmente tienen juicios de responsabilidades que están pendientes, lo cual genera la susceptibilidad acerca de si su fallo será ecuánime o consecuencia de la presión política que hay sobre ellos. 

También cabe la posibilidad de que después de haber admitido el recurso, el fallo sea delegado al nuevo Tribunal Constitucional, cuyos miembros serán elegidos en diciembre por voto popular, pero esta opción también está teñida de dudas, tomando en cuenta el cuestionado modo en que fueron seleccionados los candidatos por la mayoría oficialista, precisamente la que ha presentado el recurso de inconstitucionalidad ante el TC.

En todos los casos, en Bolivia se ha comenzado a transitar un peligroso camino. No debería modificarse la Constitución Política del Estado por el interés de un partido político. La ley fundamental de los bolivianos debe estar blindada y ser resguardada por todos, especialmente por quienes tienen las riendas del país. 

 
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