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Un peligroso camino

Guido Áñez 15/3/2021 05:00

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El enjuiciamiento político de Jeanine Añez, a los generales del Ejército, ministros de Estado y otras tantas personas que seguirán desfilando en los estrados judiciales, representa una aberración jurídica. Los expresidentes solo pueden ser juzgados por el Tribunal Supremo de Justicia, previa aprobación por dos tercios de votos de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Ni siquiera Luis García Meza, el narcodictador más sangriento que tuvimos en nuestra historia fue encarcelado sin antes recibir su sentencia condenatoria, al igual que su sanguinario ministro del interior Luis Arce Gómez.

Los delitos por los cuales están siendo encausados Jeanine Áñez y los exministros Álvaro Coimbra, de Justicia y Rodrigo Guzmán, de Energía, no tienen pies ni cabeza. Son acusados de golpe de estado, cuando el pueblo boliviano estuvo 21 días en las calles, entre octubre y noviembre de 2019, para hacer respetar su voto y hacer renunciar al dictador que había desconocido un referéndum popular que le impedía ser candidato por cuarta ocasión consecutiva.

Enjuiciar a los generales del Ejército y de la Policía porque se negaron a salir a reprimir al pueblo que pedía vivir en libertad y en democracia, no son delitos sino son acciones de gente de buena fe en el ejercicio del poder público.

Podemos estar de acuerdo o no con Jeanine Áñez, pero no es ella el problema, el problema es que el MAS ha decidido acelerar su hoja de ruta para acabar con lo poco que queda de aires de libertad que se respira en nuestro país, instalar un gobierno de partido único, con un sostén económico basado en el narcotráfico, con un proceso de sustitución de clase dominante, y aplicando un principio fascista de preeminencia aimara, desconociendo la esencia mestiza y urbana de la sociedad boliviana.

Empezaron a reprimir a los militares y policías para sentar precedente en las Fuerzas Armadas y la Policías, siguieron con los servidores públicos sin importarles la jerarquía, y continuarán con los civiles y dirigentes cívicos para borrar cualquier vestigio de oposición democrática.

Ese camino ya lo transitaron Cuba, en la década de los 60, Venezuela y Nicaragua en la década de los 90 y comienzos del presente siglo y lo van a querer aplicar en Bolivia

No nos podemos equivocar, o nos unimos todos o el futuro del país está en peligro y se consolidara una nueva dictadura en América Latina. Este ya no es un problema solo de Bolivia, sino de toda la comunidad internacional.

Cuando el gobierno no respeta la justicia ni la ley, el derecho a la rebelión del pueblo es una obligación.



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