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La expresidenta Jeanine Áñez está detenida hace más de 10 días por el caso de supuesto golpe de estado. Desde su captura, a cargo nada más y nada menos que del mismo comandante general de la Policía y 100 uniformados en Beni, ha sido tratada como una vulgar delincuente y además fue exhibida públicamente en todas las fases del proceso, desde que la encontraron escondida en su vivienda hasta que la fotografiaron de frente y de perfil en la cárcel de Obrajes, una de las más hacinadas del país. En el penal sufrió de una crisis de hipertensión que ha puesto en riesgo su vida, pero nadie se ha conmovido por ello, ni los acusadores, procurador y ministro de Gobierno, y menos los fiscales que siguen el libreto al pie de la letra. Como si fuera una novela por capítulos, los bolivianos están observando cómo se vulneran los derechos humanos y se mella la dignidad de la exmandataria a quien no solo se sindica por el supuesto golpe, sino que ya se la ha condenado en el tribunal del poder del Movimiento Al Socialismo.

El jueves 18 de marzo, el médico Silvestre Giovani Inchauste certificó que Jeanine Áñez sufrió una crisis de hipertensión arterial sistémica y que puede sufrir un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular por tal condición. Los abogados y la hija de la exmandataria pidieron desde entonces que Áñez sea trasladada a una clínica para recibir atención médica adecuada, pero ese clamor ha sido obstaculizado, primero por la Dirección de Régimen Penitenciario, y después por el procurador y el ministro de Gobierno que presionaron a un tribunal para que anule la decisión de trasladarla inmediatamente a un centro asistencial. En cambio, la trasladaron de cárcel y dicen que en la nueva será atendida por médicos del Estado.

Hasta aquí es evidente el maltrato y la vulneración del fundamental derecho a la vida y a la salud de una ciudadana que además ha sido presidenta de este país, aunque esa condición le disguste al jefe del MAS y a todo el partido. Muy lejos de reconocer que hay una actuación inhumana y cruel, lo que hace el Gobierno es justificar y argumentar que se respeta el debido proceso y los derechos humanos de la exmandataria y que ‘gracias’ a esas consideraciones ella ha sido trasladada de cárcel en la madrugada.

El presidente del Estado no ha dicho una palabra al respecto. Y en su gabinete hay dos corrientes opuestas. La del Ministerio de Gobierno que ejecuta órdenes de aprehensión a través de la Policía, ya acusada de detener sin orden al hijo del exministro de la Presidencia, Yerko Núñez, de amenazar a su novia y de hacerlo firmar cinco hojas en blanco; así como de haber torturado al sobrino de Jeanine Áñez para que diga dónde se escondía su tía. En contraposición está el Ministerio de Justicia, cuyo titular asegura que se ocupará de que respeten los derechos humanos de la expresidenta y de todos los ciudadanos. ¿A quién creer? Generalmente, los hechos hablan y las declaraciones justifican; o es que estamos frente a un Gobierno con dos visiones y quizás con órdenes contrapuestas. No se podrá saber hasta que el presidente Luis Arce diga cuál es su opinión respecto a lo que está ocurriendo. Quien sí tuitea y da línea es Evo Morales, jefe nacional del MAS. Aunque oficialmente no es gobernante, es por ahora la voz que suena y argumenta sobre los acontecimientos.

Lo concreto es que Jeanine Áñez, expresidenta de Bolivia, y todos los ciudadanos de este país merecen un trato digno y humano. A ella, lejos de respetársele los derechos, se le está cerrando aún más el cerco, sin dejarle otra opción que los foros internacionales. El país y el mundo están pendientes, el presidente, sus ministros y su partido deben tomar conciencia y reconducir sus acciones. Nada dura para siempre.

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