Es lamentable que siete personas investidas de una alta autoridad jurídica y política no hayan logrado el consenso necesario para elegir a un nuevo presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La vacancia en la presidencia, decidida en la víspera por mayoría, refleja no solo una falta de cohesión interna, sino una ausencia de liderazgo en un momento decisivo para el país. Que Óscar Hassenteufel haya recibido apoyo para ser vicepresidente es una buena noticia, pero no es suficiente. Bolivia necesita una Sala Plena cohesionada, independiente y que dé certezas en todos los aspectos. Mucho más en decisiones como esta.
Francisco Vargas, Óscar Hassenteufel, María Angélica Ruiz Vaca Díez, Nancy Gutiérrez, Tahuichi Quispe y Rosario Canedo fueron elegidos en 2019. Todos acompañaron a Salvador Romero Ballivián en el proceso electoral de 2020, en medio de la tragedia del Covid-19, los bloqueos promovidos por el MAS y alguna que otra jugarreta ensayada desde el gobierno de Jeanine Áñez. Fue una etapa crítica, pero el organismo supo mantenerse en pie y entregar resultados con rapidez, técnica y legitimidad.
Después de la crisis política de 2019, el Órgano Electoral Plurinacional estaba desmantelado. Las sedes de Santa Cruz, Chuquisaca, Potosí, Beni y Pando fueron incendiadas. La nueva Sala Plena tuvo que alquilar oficinas, reconstruir equipos técnicos y pedir ayuda internacional para equiparse. Son detalles que muchos olvidan, pero que merecen ser reconocidos.
Las elecciones de 2020 se desarrollaron sin que se anule una sola mesa de votación. El cómputo fue el más rápido de la historia democrática reciente, y los resultados fueron aceptados por los actores políticos y validados por organismos internacionales.
¿Hubo problemas? Sí. Vargas y Quispe discreparon con sus colegas en momentos clave. Uno de ellos fue la fijación de la fecha de la votación del 18 de octubre. Otro, la habilitación de Manfred Reyes Villa para las municipales de 2021. Además, afectó notablemente la denuncia de Rosario Canedo sobre una supuesta “data alterna con acceso restringido al padrón electoral”, acusación que nunca fue probada.
En el actual proceso electoral, el TSE ha logrado acuerdos con los actores políticos para blindar el proceso, pero los consensos no están siendo respetados y persisten riesgos y amenazas de todo tipo. Precisamente por esa circunstancia, es deseable y necesario que la Sala Plena demuestre que está a la altura de la historia que se está por escribir.
Hoy, el TSE no tiene presidente oficial. La falta de consenso interno no es solo un asunto administrativo: es un riesgo político e institucional. La autoridad electoral necesita ejercer liderazgo, garantizar transparencia y brindar confianza a la ciudadanía. No puede hacerlo desde la indefinición.
Bolivia se encamina a elecciones generales en agosto de 2025, con una posible segunda vuelta, comicios judiciales este mismo año y una redistribución compleja de escaños. El calendario es apretado. El contexto, difícil. Y el clima político, crispado. En este escenario, el TSE debe actuar con claridad y firmeza.
La ciudadanía necesita confiar en al menos una institución. Y el TSE, con todas sus debilidades, ha demostrado que puede estar a la altura cuando hay voluntad, independencia y responsabilidad.
El desafío es inmenso. El tiempo, breve. Y el vacío de poder, preocupante. Que la Sala Plena lo resuelva pronto, por el bien del país y de su democracia.