Según el artículo 11 de la Constitución Política del Estado, una de las formas de ejercer la democracia es el revocatorio de mandato. Entre las principales resoluciones del cabildo “en defensa de la libertad y la democracia” celebrado en Santa Cruz y en otras regiones del país el 25 de enero pasado, se planteó gestionar el revocatorio de Luis Arce Catacora como presidente de Bolivia, tras emplazarlo a que dictara, en 30 días, una amnistía para 200 ‘presos y perseguidos políticos’.

El plazo antes señalado acaba de agotarse el 25 de febrero y como era previsible, el Gobierno desestimó de plano la demanda. Lo hizo a través de la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, quien descartó cualquier norma que saque de prisión a ‘líderes opositores’ procesados por delitos de ‘golpe’, ‘terrorismo’ y otros en el contexto de la crisis política de 2019 cuando se produjo la renuncia y huida del entonces presidente Evo Morales. 

Entre los opositores privados de libertad y con supuestas cuentas pendientes con la justicia en la gestión de Arce Catacora, se encuentran la expresidenta Jeanine Áñez, el exdirigente cívico potosino Marco Antonio Pumari y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, secuestrado y encarcelado desde diciembre de 2022 en el penal de Chonchocoro en la desolada y agreste altiplanicie paceña.

Cabe hacer notar que la demanda de amnistía se agrega a la del multitudinario cabildo del 13 de noviembre último, cuando Santa Cruz planteó revisar, en marco legal y democrático, la forma de relacionarse con el Estado, encomendando la tarea a una ‘comisión especial’ que debe cumplir su cometido hasta septiembre próximo. Sin embargo, no obstante las extraordinarias repuestas de cruceños y cruceñas al pie del Cristo Redentor a las convocatorias de sus conductores, resulta inviable por inoportuna, la consideración de una amnistía para detenidos o perseguidos por cuestiones políticas en Bolivia. 

Y menos aún el revocatorio del mandato del jefe de Estado que hasta el momento no ha dicho nada sobre la referida demanda ciudadana. La inviabilidad se explica sencillamente en circunstancias como las actuales, cuando son prácticamente insalvables los obstáculos que el ‘instrumento político’ puede anteponer en diferentes instancias y niveles que están bajo su control. Sin ambages, habría que admitir un ‘error de oportunidad’ en el planteamiento de una demanda legítima que podría haber encontrado algún eco y prosperado en un gobierno de talante muy distinto del que caracteriza al actual.

Los hechos referidos coinciden en una coyuntura especial. Con la inocultable y profunda crisis que soporta el país bajo una conducción errática y con una región, como Santa Cruz, que puede y debe contribuir a corregir el rumbo extraviado, tras haberse convertido en nuevo epicentro de la política, además de su peso específico en la producción y la economía a escala nacional. 

Acaso por eso el cambio de mando en el influyente y ahora fortalecido Comité pro Santa Cruz no pasa desapercibido, aún a pesar de estigmas y descalificaciones en contra. Incluso el propio Gobierno “está atento” a las señales de su nuevo mando encomendado a Fernando Larach, tras dos años de rispideces y tensiones con la gestión que Rómulo Calvo acaba de concluir. Sin concesiones, Larach habla de soluciones a través del diálogo antes que las medidas de presión. 

El reto es ‘enamorar’ a Bolivia con una propuesta de desarrollo regional que beneficie al país. Buena propuesta. Si el primer mandatario decide gobernar para todos, el ‘enamoramiento’ puede ser de ida y vuelta.