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Un insólito requerimiento de información, con el detalle de los nombres de periodistas y sus jefes que publicaron notas referidas al abogado Jhasmani Torrico Leclere, ha llegado a 13 medios de comunicación del país a solicitud del propio interesado, un abogado sentenciado a seis años y seis meses de detención por secuestro y lesiones a un trabajador mecánico.

Todos recuerdan aquellas imágenes de video de enero de 2019 en las que se ve a Torrico propinar una brutal golpiza contra un hombre que supuestamente tenía una deuda económica. “Son dos cosas las formas de arreglar aquí, ¿entiendes? O pagas lo que debes o te mueres, y no estoy jugando”, se escuchaba decir en ese video al abogado Torrico cuando amenazaba a sus víctimas.

Pues bien, ese mismo hombre que junto a sus secuaces torturaba a personas en su bufete de abogado es el que guarda detención en el penal de San Sebastián de Cochabamba y que llamativamente el sábado obtuvo detención domiciliaria gracias al fallo de la jueza de Quillacollo Salomé Guzmán Terán, es el que ahora amenaza con enjuiciar a medios y periodistas.

En el memorial entregado a 13 medios bolivianos, Torrico requiere imágenes de notas, copias de publicaciones y videos de las coberturas periodísticas relacionadas a él que se emitieron en los últimos dos años y medio; pide certificación de los nombres completos de jefes de prensa, editores y periodistas que trabajan en cada medio desde el año 2018 hasta la fecha.

No contento con eso, el abogado torturador también exige los nombres de los responsables de edición, de quienes deciden los contenidos y titulares que se publican en tales medios.

Es decir, pide poco menos que 13 medios de comunicación del país dejen de trabajar para dedicarse a buscar en sus archivos todas las notas publicadas sobre su caso desde hace dos años y medio y que se le entregue la lista de todo el personal, con el detalle de qué funciones cumple, de quién decide tal o cual cosa, para que él pueda enjuiciarlos.

En su notificación, el abogado golpeador anuncia que asumirá acciones legales contra personas que “a título de libertad de prensa únicamente se han dado a la tarea de desprestigiarle y atacarle públicamente realizando sobre su persona afirmaciones injuriosas, calumniosas y difamatorias, no solo causándole agravio personal, sino también a su entorno familiar”.

La insólita demanda de Jhasmani Torrico, el secuestrador, vulnera varios artículos de la Constitución Política del Estado boliviano, que garantiza el derecho a la información, a la libertad de expresión, la cláusula de conciencia, las normas de ética y autorregulación, y viola la Ley de Imprenta que contempla que el secreto en materia de imprenta es inviolable, y varias otras normas nacionales e internacionales.

Por esa razón los medios de comunicación decidieron que no otorgarán ni revelarán ningún dato que conste en registros y que tenga estricta relación con la fuente de información.

Incluso el Ministerio de Justicia rechazó la amenaza de Torrico contra medios y periodistas y le recordó que en el país rige la Ley de Imprenta protegida por la Constitución.

También el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación ante la conminatoria judicial de Torrico, el extorsionador, que considera que las presiones dirigidas a silenciar o amedrentar la labor informativa de la prensa son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión.

Los medios, ya lo dijeron, no se pondrán a trabajar para Torrico; y más bien lo que debe investigarse son las razones por las que la jueza Salomé Guzmán Terán lo benefició con detención domiciliaria, y hay que preguntarse también si alguien más está detrás de su inatendible demanda. Ya se sabe, en Bolivia está vigente aquello de “piensa mal y acertarás”.



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