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El Gobierno no ha salido aún de un conflicto con gremiales, transportistas, médicos, juntas de vecinos, cívicos y otros sectores de la economía nacional por el rechazo a la ley 1386 de estrategia contra la legitimación de ganancias ilícitas, y sin embargo está abriéndose un nuevo frente con las regiones por la ley del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 (PDES), que según sus críticos pulveriza las autonomías en todos los niveles en el país.

La ley, que tiene el nombre de Reconstruyendo la economía para vivir bien, hacia la industrialización con sustitución de importaciones, fue aprobada en grande en el Senado y el gobernante Movimiento al Socialismo dio señales para continuar su aprobación sin modificaciones hasta su promulgación final.
Uno de los artículos más polémicos de la norma es el 4, numeral I, que establece explícitamente la obligatoriedad de las entidades territoriales autónomas “a ceñirse a este plan centralizado”, según observó la senadora de oposición Centa Rek.

El citado artículo señala que la ley es de ejecución y aplicación obligatoria para el Órgano Legislativo, Órgano Ejecutivo y sus empresas públicas, Órgano Judicial, Órgano Electoral, Tribunal Constitucional, instituciones de control y defensa de la sociedad y del Estado, y universidades públicas.

Puesto así, la oposición entiende que el plan no permite a las entidades regionales presentar sus propios proyectos ni llevar adelante su planificación, con lo cual se estaría dando final a las autonomías departamental, municipal y universitaria.

En el siguiente numeral del mismo artículo, el proyecto establece que los planes sectoriales territoriales de gestión territorial comunitaria, multisectoriales, estratégicos-ministeriales, estratégicos-institucionales, de empresas públicas, estrategias de desarrollo integral y otros deberán ser adecuados, elaborados, formulados y ejecutados en concordancia con el Plan de Desarrollo Económico Social.

Así, las entidades autónomas tendrían que consultar prácticamente todo al nivel central, no existirían más los planes departamentales ni municipales y se estaría imponiendo la visión del gobierno a las administraciones regionales.
El senador Rodrigo Paz Pereira observa que “meterán la mano en el bolsillo de las gobernaciones y alcaldías, como se trata de hacer con las otras leyes que quieren meter mano en el bolsillo de la gente”.

Más adelante, en el artículo 6, el proyecto señala que el Gobierno podrá hacer ajustes al plan mediante decreto supremo, lo que significa prácticamente desautorizar las atribuciones de la Asamblea Legislativa, porque las leyes que esta aprueba podrían ser cambiadas por el Ejecutivo con un simple decreto.

El Gobierno de Luis Arce ya tuvo que retroceder en una ley anterior por no buscar consensos ni escuchar la voz de los sectores directamente afectados por la norma, pero aun así insiste en legislar de espaldas a la opinión de regiones y sectores. En este caso, se sabe que no hubo ningún tipo de “socialización”, como a ellos les gusta decir, con gobiernos departamentales, alcaldías ni universidades.

Vendrá, por tanto, un nuevo frente de conflicto, y queda la amarga sensación de que ese será el estilo de gobernar de Luis Arce, en medio de tensiones políticas y aprobación de leyes con nombres muy vendedores, pero con contenidos atentatorios contra los derechos de los ciudadanos, en unos casos, y contra la autonomía de regiones e instituciones, como en este último caso.

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