Una ley del oro para salvar la coyuntura
Las dos alas del oficialismo –arcistas y evistas– dejaron a un lado sus diferencias para finalmente dar luz verde a la denominada Ley de Compra de Oro Destinado al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales. Los senadores del MAS unieron fuerzas y aprobaron la norma por mayoría, sin tomar en cuenta algunas observaciones de sus colegas opositores.
Con esta aprobación, el Banco Central de Bolivia puede actuar con mayor celeridad para comprar oro de productores nacionales, hacerlo refinar y colocarlo en mercados internacionales, todo con el objetivo de aliviar una situación de iliquidez de dólares americanos y evitar una crisis financiera. Asimismo, el BCB ahora puede monetizar 21 toneladas de oro de las 43 que el país tiene como parte de sus reservas. Y lo puede hacer sin necesidad de contar con aprobación de la Asamblea Legislativa, aunque tiene que rendir cuentas cada cuatro meses.
Los senadores opositores cuestionaban que esta ley favorecía de forma desmedida a las cooperativas mineras nacionales, pues las liberaba de los dos tipos de impuestos que gravan la actividad aurífera. Se supone que estos son incentivos para que los mineros acepten vender su producción al ente emisor y recibir bolivianos como forma de pago. Otra observación importante tiene que ver con una aparente pérdida de las atribuciones de fiscalización de la Asamblea, algo que un ministro desvirtúa, ya que, según él, el Legislativo aún tiene la facultad de aprobar o no la pignoración de las reservas del oro.
Las repercusiones externas a la aprobación de la norma han sido positivas. Los bonos soberanos de Bolivia, por ejemplo, han subido ligeramente de valor. Con la futura captación de dólares, los inversionistas de afuera confían en que el país podrá encarar de mejor manera sus millonarios vencimientos de deuda externa que tiene pendientes para la presente gestión. El conjunto de medidas ha derivado en una disminución de los indicadores de riesgo-país, lo cual es alentador para el comercio exterior boliviano.
Los efectos positivos, sin embargo, no deben obnubilar la visión de mediano y largo plazo. Después de todo, la ley del oro viene a resolver una situación muy coyuntural, como lo han señalado varios economistas. Es cierto que se tenía que actuar con rapidez y de manera expedita para obtener las divisas, porque, además de lo ya mencionado, se tiene que respaldar el tipo de cambio fijo que maneja el país. Una vez cumplidos estos objetivos urgentes, habrá que adoptar otras medidas más estructurales para que el aparato productivo y las políticas gubernamentales se encarguen de darle sostenibilidad y crecimiento a la economía nacional.
Además, la premura por conseguir resultados no significa que los mecanismos de fiscalización deban relajarse indefinidamente, peor cuando se trata del manejo de activos tan vitales para un país como lo son sus reservas internacionales. Tampoco se puede permitir que un sector, como el de los explotadores del oro, pretenda convertir sus beneficios coyunturales en derechos permanentes. Si no se actúa con la debida rigurosidad en el seguimiento de estas medidas cortoplacistas, se corre el riego de que aquel refrán popular de “hecha la ley, hecha la trampa” se convierta en triste realidad.
Y ya en el campo político, hay una lección por aprender: si en la aprobación de la presente ley se unieron sin mayor drama las dos alas del masismo –supuestamente encontradas–, entonces valdría la pena hacer reflexionar a estos legisladores para que actúen con el mismo sentido de urgencia en la aprobación de otras reformas imprescindibles que suelen obstruirse por meros cálculos políticos. La reforma judicial, por ejemplo, bien podría merecer el apoyo decidido de todos, si tuvieran, por supuesto, un ápice de piedad por el estado actual de la administración de justicia.
