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Al menos diez sectores de los más diversos del país han manifestado públicamente su preocupación por los términos del proyecto de Ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o Convencionales.

Con un nombre así de rimbombante y extenso, a primera vista cualquier ciudadano tendría que estar de acuerdo con ella porque se entiende que se propone combatir el lavado de dinero, a los que financian el terrorismo y es obvio que nadie quiere armas de destrucción masiva. Hasta ahí, todo claro.

El problema surge cuando se hace una lectura detallada de los artículos del proyecto presentado por el Gobierno a la Asamblea Legislativa, hasta ahora aprobada en Diputados, y ahí es donde aparecen no dos o tres, sino muchas observaciones que han encendido las alarmas de sectores comprometidos con la actividad productiva y comercial del país.

Por ejemplo, los gremiales advierten que el proyecto contempla sanciones directas contra comerciantes gremialistas porque a título de lucha contra el contrabando se podrá intervenir negocios o domicilios particulares de los afiliados.

Los gremiales anunciaron una movilización de todos sus afiliados a nivel nacional, con paros y bloqueos de caminos y dijeron que tomaron contacto con médicos y dirigentes cocaleros de Yungas para sumar fuerzas contra la ley impulsada por el Gobierno de Luis Arce.

La Cámara Nacional de Exportadores (Caneb) pide que se haga un control de constitucionalidad de la norma, porque entiende que se vulneran derechos consagrados en la Constitución.

Se observa que el proyecto de ley otorga a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) que depende del ministro de Economía, prácticamente carta blanca para violar el secreto profesional, la reserva o confidencialidad en materia financiera, de valores, seguros, pensiones, comerciales, tributarios, económicos, notariales, de registro civil, derechos reales, profesionales y otros.

Actualmente, para ingresar y revisar una cuenta bancaria se requiere de una autorización de autoridad competente, normalmente un juez, pero con la ley de Arce no se requerirá de esa autorización judicial y se podrá tener acceso libre e irrestricto a las cuentas de personas o instituciones.

Incluso las iglesias evangélicas y el Consejo Nacional Cristiano se oponen a la ley porque consideran que la norma afecta el secreto de confesión y el diezmo, así como vulnera los derechos de las instituciones religiosas.

Si se aprueba esa ley “vamos a ser como Venezuela, Argentina y Cuba”, advirtió el presidente del Comité Cívico de Chuquisaca, Róger Amador, que además anunció bloqueos de caminos en el sur del país.

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) observa que la ley busca eliminar el secreto de fuente avalado por la Ley de Imprenta, cuya existencia garantiza la posibilidad de informar con libertad sin exponer la vida del periodista o del medio.

Las observaciones son múltiples, y se resumen en que violan derechos contemplados en la Constitución y en el hecho de que puede ser utilizada políticamente contra empresas o personas, porque se presta a un uso arbitrario según qué le convenga al Gobierno del Movimiento Al Socialismo.

Es que con el MAS no se juega, y si se deja abierta una posibilidad de usar la ley para destruir al adversario, con seguridad lo hará y no quedará sombra del abuso, al contrario, se podrá proclamar que se lo hizo en cumplimiento de una ley. Ese es el grave riesgo que advierten varios sectores.

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