Bolivia llega a las elecciones generales del 17 de agosto en medio de una crisis económica persistente, un clima de tensión política, instituciones debilitadas y amenazas de sectores que buscan imponer su voluntad por encima de las reglas democráticas. Las señales de desconfianza entre la población son claras: la memoria del fraude electoral de 2019 sigue latente, y hay una extendida percepción de que el padrón electoral fue, en el pasado, manipulado con asesoramiento externo.
En este escenario, contar con misiones de observación electoral imparciales y profesionales es indispensable. El reciente arribo de la misión de la Unión Europea (UE) es una excelente noticia para el país. Su objetivo, como lo explicó con claridad su jefe de misión, el ex viceprimer ministro croata Davor Ivo Stier, no es interferir ni imponer criterios, sino observar con objetividad, respeto a la soberanía y apego a los estándares internacionales, acompañando cada fase del proceso con mirada profesional y neutral.
La misión de la UE estará conformada por más de 100 observadores desplegados en todo el país. Su estructura operativa contempla 11 analistas especializados en áreas clave: jurídica, política, técnica, comunicacional y de redes sociales. En su momento llegarán 32 observadores de largo plazo, quienes realizarán seguimiento desde las semanas previas a la elección, y 50 de corto plazo, que se desplegarán en los días cercanos a la jornada electoral. También se incorporarán siete eurodiputados, lo cual añade una capa de legitimidad institucional adicional al esfuerzo.
El trabajo de la misión cubrirá todas las etapas del proceso: desde la habilitación de candidaturas y la evaluación del padrón electoral, hasta el desarrollo de la campaña, la cobertura de los medios, la jornada de votación y el cómputo de resultados. Además, dos días después de los comicios, la misión presentará un informe preliminar con observaciones y conclusiones, y más adelante se publicará un informe final con recomendaciones para futuros procesos.
Stier enfatizó la importancia de garantizar que los ciudadanos ejerzan su voto “con libertad y seguridad” y que “cada sufragio sea adecuadamente contado”. Con estas palabras, expresa el anhelo compartido por la mayoría de los bolivianos: que se respete la voluntad popular, que no haya manipulación, y que el proceso sea limpio, ordenado y confiable.
Aunque el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Óscar Hassenteufel, ha defendido la transparencia del proceso —afirmando que Bolivia cuenta con uno de los sistemas electorales más rigurosos de la región—, es evidente que el país atraviesa una etapa en la que las instituciones no gozan de plena credibilidad ante los ojos de la ciudadanía. Por ello, la observación internacional no es un lujo, sino una necesidad.
En ese sentido, sería oportuno que otros organismos regionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) se sumen también al esfuerzo de observación, tal como lo hicieron en anteriores procesos. Si bien en 2019 su auditoría fue crucial para evidenciar las irregularidades del proceso electoral de ese entonces, su participación conjunta con la UE en la actual coyuntura contribuiría a reforzar aún más la confianza pública y la legitimidad del resultado.
La democracia se fortalece con transparencia, y la transparencia se construye con reglas claras, participación ciudadana y veeduría internacional confiable. Bolivia necesita que las elecciones de agosto sean un punto de inflexión hacia la recuperación institucional y el reencuentro nacional. Que los bolivianos puedan elegir con esperanza, y que el resultado no sea motivo de disputa sino expresión legítima de la soberanía popular.