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Una nueva política tributaria

Editorial El Deber 7/3/2020 03:00

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Se está planteando una reforma impositiva en el país y esa parece ser una buena noticia. Durante la pasada gestión gubernamental de 14 años, el tema tributario fue usado como un instrumento de control político más que una herramienta de recaudación de ingresos y está bien que esa pesadilla sea terminada.

Quizás por esta persecución es que Bolivia es uno de los países con mayor informalidad del continente. Más de la mitad de las actividades económicas trabajan al margen de la regulación, porque ajustarse a las pesadas normas se había convertido en un calvario. Las deudas tributarias no prescribían en menos de ocho años, con lo que teníamos un sistema más duro que cualquiera en el continente y eso también daba lugar a que los empresarios vivan con una espada de Damocles sobre la cabeza, ya que cualquier error previo daba lugar a sanciones, con multas e intereses acumulados que hacían que los montos a pagar sean astronómicos.

Así vivieron los ejecutivos y trabajadores de más de 320.000 empresas que operan en Bolivia. Obviamente, las más afectadas fueron las pequeñas y medianas que para poder tributar debían sacrificar capital y recursos humanos. El viceministro de Política Tributaria afirma que una nueva norma pretende generar seguridad jurídica para el sector privado, de manera que se invierta y se genere mayores fuentes de empleo.

Aparte de la reducción del tiempo de prescripción de las deudas de ocho a cuatro años, se ha contemplado incorporar un ‘perdonazo’ tributario, en el que se elimine la conversión de bolivianos a unidades de fomento a la vivienda, la eliminación de multas y la reducción de tasas de interés (el 2% si se paga al contado y el 4% si es que hay un plan de pagos). Con esta medida, que se prevé que dure hasta mayo, se pretende recaudar alrededor de 2.000 millones de bolivianos, de acuerdo con la autoridad.

Y quizás es la única manera de normalizar la situación, ya que hay una deuda acumulada que supera los 40.000 millones de bolivianos y que, a estas alturas, es incobrable porque las cuentas datan de la década de los 70.

Lo fundamental es que se recupere el espíritu de la recaudación tributaria en Bolivia. Si bien es una de las principales fuentes de ingreso del Estado (especialmente ahora con la caída de exportaciones de gas), no debe ser una herramienta de control político como lo fue. Gobiernos de países que tienen inversiones multimillonarias se abren incluso a la otorgación de periodos de gracia en el pago de impuestos a cambio de atraer recursos que generen empleo y ayuden a mover la economía.

A lo anterior se suma otro proyecto de ley que hace una redistribución de los dominios tributarios y que permitirá que los gobiernos subnacionales puedan cobrar impuestos. Eso se enmarca en la idea del pacto fiscal, mediante el cual se pretende compensar los ingresos de alcaldías y gobernaciones. Tal medida podrá ser favorable, siempre que no se dupliquen los tributos para el ciudadano.

En todo caso, lo que cuenta es que se pone en evidencia un cambio de visión de la economía. Lejos de ver a los privados como enemigos o solo con fines utilitarios y marcados por la política se los pretende incentivar para que inviertan y creen empleos.

Sin duda, la reforma tributaria per sé no cambiará la situación económica nacional, pero es un buen inicio que debe ser sumado con otras medidas de incentivo. Lo que se quiere en Bolivia es una economía estable, que pueda proyectarse a un mejor nivel a escala nacional e internacional.

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