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El gobierno de la presidenta Jeanine Añez está dando una pésima señal al destituir sin mayores explicaciones al procurador general del Estado, que estaba investigando compras y acciones del Poder Ejecutivo actual, en el marco de sus funciones, establecidas por la Carta Magna, que indican que debe defender los intereses del Estado.

Según lo que se ha conocido públicamente, el procurador José María Cabrera recibió a su sucesor en su despacho sin que nadie le notifique previamente de su destitución. La nueva autoridad llevaba consigo un decreto mediante el que era posesionado. Sin embargo, no pudo asumir sus funciones porque el procurador destituido pidió que se cumplan todas las formalidades y eso implicaba la juramentación.

No se ha conocido de boca de la mandataria las razones de la destitución, lo que si se supo es que el procurador destituido, José María Cabrera, estaba investigando acciones sospechosas de esta gestión gubernamental. El caso de la compra de los respiradores españoles, cuyas conclusiones ya fueron emitidas. El caso de la compra de armamento no letal, que involucra al Ministerio de Gobierno y la intención de pasar a manos privadas la empresa Elfec, proveedora de energía eléctrica a Cochabamba, que ahora depende de ENDE Corporación.

En el proceso de indagación, el procurador destituido denunció que el Ministerio de Gobierno había rehusado brindar información sobre la compra de armamento no letal, a diferencia de la cartera de Defensa que sí respondió oportunamente; es decir que hubo varios requerimientos desde junio que no fueron respondidos por el titular de esa cartera, Arturo Murillo. No solo eso, también denunció que este ministro de Estado fue quien pidió su destitución.
El artículo 229 de la Constitución Política señala que el procurador general del Estado tiene la misión de defender los intereses del Estado, lo que es diferente de defender los intereses de un gobierno determinado. Si bien la misma Carta Magna indica que esta autoridad debe ser designada por el presidente, se espera que los valores que guían esta decisión tengan como objetivo el bien mayor que es la patria.

Con la decisión de destituir al procurador que se atrevió a investigar acciones de este Gobierno, la presidenta está demostrando que ni ella ni su gobierno están dispuestos a la transparencia absoluta ni a la verdadera lucha contra la corrupción. La presidenta debería aplaudir que un funcionario de Estado sea capaz de interpelar al mismo poder para buscar la verdad y garantizar que las acciones del Ejecutivo sean diáfanas.

Con esta destitución, la presidenta está actuando de la misma manera que actuó el Gobierno anterior, cuyas autoridades procesaban y denostaban a quien buscaba transparencia, mientras que aplaudía y le daba más poder a los que socapaban las malas acciones.

De una vez por todas, los que gobiernan ahora y siempre tienen que saber que nadie puede estar por encima de las leyes, que esa falta de institucionalidad le está haciendo mucho daño al país. Si en el Ministerio de Gobierno hicieron las cosas bien, ¿por qué no entregan la documentación requerida por la Procuraduría General del Estado? Por el contrario, ¿acaso no es una invitación a la sospecha el rehusarse a informar y después impulsar la destitución de quien está investigando?

La presidenta debe reconducir su gobierno y no dar malas señales. Ahora tiene la oportunidad de gobernar con firmeza y determinación. No debe olvidarse que ella es cabeza del Poder Ejecutivo y que sus acciones y sus omisiones son las que marcarán cuál fue su papel en la historia de Bolivia.