Bolivia mantiene una relación fría, distante y carente de estrategia con Estados Unidos, el país más poderoso del mundo y, pese a todo, uno de los principales actores económicos y diplomáticos del planeta. Esta desvinculación no es casual ni coyuntural: es el resultado de decisiones políticas acumuladas durante casi dos décadas, que han colocado a Bolivia en una posición de irrelevancia en la agenda de Washington y, peor aún, sin capacidad para aprovechar oportunidades ni defender intereses concretos.
Uno de los hitos que marcó el deterioro fue la expulsión del embajador estadounidense Philip Goldberg en 2008, durante el gobierno de Evo Morales, bajo acusaciones de injerencia. Desde entonces, ambos países no mantienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores. En 2013, Bolivia también expulsó a la agencia Usaid, cerrando uno de los canales tradicionales de cooperación, especialmente en desarrollo rural. Y ya antes había perdido las preferencias arancelarias del Atpdea, lo que golpeó a sectores exportadores como el textil.
La narrativa antiestadounidense se mantuvo constante durante los años del MAS en el poder y continúa siendo útil, incluso bajo el gobierno de Luis Arce, quien no ha dado pasos significativos para recomponer la relación ni ha propuesto una agenda que anteponga los intereses del país por encima de la ideología. Un ejemplo reciente de esta desconexión se evidenció en abril, cuando Donald Trump anunció aranceles del 10% a las importaciones provenientes de países latinoamericanos, incluida Bolivia.
La respuesta del Gobierno fue inmediata, aunque cargada de retórica. Minimizó el impacto de la medida, señalando que las exportaciones bolivianas a ese país “solo” alcanzan los 271 millones de dólares. Sin embargo, no se reconoce que Estados Unidos importa más de 4 billones de dólares en bienes y servicios al año, lo que representa alrededor del 13 % del comercio global. En lugar de aprovechar esa enorme demanda para colocar productos como litio, café, textiles o alimentos procesados, Bolivia ha optado por una postura política que restringe sus oportunidades.
Es positivo que Bolivia busque nuevos mercados y fortalezca su presencia en otros bloques económicos, siempre que lo haga en función de su competitividad. Pero eso no debería hacerse a costa de cerrar las puertas a Estados Unidos, un país con el que comparte intereses clave en seguridad, medioambiente, comercio y lucha contra el narcotráfico.
Este punto merece una consideración especial. Aunque muchos se resistan a admitirlo, el Estado boliviano ha perdido el control en zonas del trópico cochabambino, donde la producción excedentaria de hoja de coca está vinculada al narcotráfico. Ni la Policía ni otras instituciones pueden operar allí con normalidad, posiblemente debido a la creciente presencia del crimen organizado transnacional.
Enfrentar esta amenaza requiere cooperación internacional, especialmente con países vecinos y otras naciones afectadas. Solicitar apoyo externo no implica ceder soberanía, y menos aún cuando se trata de cooperación técnica, como la que puede ofrecer Estados Unidos. Lo que no puede permitirse es la formación de “republiquetas” dentro del territorio nacional, donde la ley no se aplica y el Estado está ausente.
Ha llegado el momento de que Bolivia revise su política exterior con madurez y pragmatismo. No se trata de someterse a Washington ni de renunciar a principios soberanos, sino de construir una agenda moderna que ponga en el centro el bienestar ciudadano, fomente la inversión, abra mercados y recupere la capacidad del Estado. Mantener relaciones estancadas con actores clave es una desventaja que Bolivia no puede seguir tolerando en medio de su prolongada crisis.