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3 de enero de 2024, 10:54 AM
3 de enero de 2024, 10:54 AM

​por Javier El-Hage y Luis Yañez - Abogados expertos en Derecho Internacional

Una vez más, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha violado el Derecho Internacional de los Derechos Humanos para hacer cumplir la voluntad del régimen autoritario del MAS. La decisión que obliga a hacer efectiva una destitución del gobernador Camacho viola las disposiciones que protegen el derecho de toda persona a ejercer el cargo público para el que fue elegido, mientras no exista una sentencia ejecutoriada por faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones. A la fecha, Camacho no tiene sentencia en su contra por el ejercicio de su cargo como gobernador, al cual accedió en 2021 a través del 55,64% de los votos en Santa Cruz.


Días después del violento arresto de Camacho y de su detención en la cárcel más peligrosa del país, el gobierno del MAS ya había expresado públicamente, a través del Ministro de Justicia, Iván Lima, que, “ante la detención preventiva que tiene”, el gobernador Camacho debe ser destituido, y había amenazado con iniciar un proceso criminal contra la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz si no producían esa sucesión afirmando que les “corresponde[ría] una acción penal por el delito de ‘incumplimiento de deberes’” (uno de los tipos penales calificados como “ambiguo” por el Relator Especial de Naciones Unidas, y del que se suele abusar para perseguir a opositores políticos).

 
Al mismo tiempo, la vocal del Tribunal Supremo Electoral, Dina Chuquimia, ya había coincidido con el ministro Lima y había pedido que se aplicasen las normas electorales que hablan de suplir al gobernador. También, el asambleísta departamental cruceño del MAS Rodolfo Vallejos había dicho que “tras la vacación judicial, que acaba la próxima semana, nosotros exigiremos que el Vicegobernador asuma de manera inmediata”. Asimismo, múltiples legisladores del MAS miembros de la ALD habían pedido que se convoque a elecciones para elegir un reemplazante del gobernador Camacho.

A inicios de febrero de 2023, el Órgano Judicial admitió una “acción de cumplimiento” presentada por asambleístas del MAS pidiendo destituir al gobernador Camacho como consecuencia de su prisión preventiva. La audiencia que buscaba la destitución de Camacho estaba prevista para el 8 de febrero, luego fue suspendida para el 16 y así aquella decisión fue dilatándose hasta que ahora el TCP servil al poder ejecutivo del MAS finalmente ha emitido esta decisión que viola el derecho de Camacho a ejercer el cargo público para el que fue elegido.


Esta decisión del TCP, así como las innumerables declaraciones públicas previas de gobernantes oficialistas que expresaban el interés del gobierno del MAS de impedir que Camacho continúe ejerciendo como gobernador de Santa Cruz, son violatorias del Derecho Internacional de los Derechos Humanos porque privan el derecho de Camacho a ejercer el cargo público que ostenta, y que debe continuar ostentando legamente mientras se encuentre detenido preventivamente.


En el marco interamericano, el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege este derecho, que solo puede ser conculcado con sentencia ejecutoriada por faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones. Una disposición similar puede encontrarse en el marco universal, en el artículo 25.b del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.


En aplicación de este derecho internacional vinculante para Bolivia, en el caso López Mendoza v. Venezuela, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU (GTDA) “estim[ó] que la privación de la libertad del [exalcalde del Municipio Chacao] López Mendoza [se produjo] con el objeto de restringirle sus derechos políticos”, entre otros, porque tomó en cuenta, que, “con anterioridad a estos hechos, el Sr. López Mendoza había ya sufrido represalias y estado sometido a más de 20 procesos sancionatorios, a través de los cuales se le había prohibido ejercer funciones políticas por vía administrativa”.


En el caso Leyes v. Bolivia, antes de concluir que la medida cautelar de detención preventiva buscaba privar al exalcalde de “sus derechos de participación política y en los asuntos públicos”, el GTDA tomó en cuenta la determinación manifiestamente injusta de existencia de “riesgo de fuga” cuando se trataba de un alcalde en ejercicio con trabajo y domicilio. Asimismo, el GTDA tomó en cuenta que el juez cautelar había indicado que, “en su condición de alcalde, el Sr. Leyes podía influir en los empleados municipales involucrados el caso, y que este riesgo persistiría hasta la ejecución de la sentencia, [y] que, como un riesgo adicional, el Sr. Leyes podía destruir o modificar pruebas”.


En ambos casos, el GTDA determinó que las detenciones de aquellas autoridades eran violatorias del derecho internacional porque buscaban impedir que estas autoridades ejerzan el cargo público para el que fueron electos democráticamente.


Así como la decisión vergonzosa que emitió este mismo TCP en 2017 —diciendo que era el “derecho constitucional y derecho humano” de Evo Morales reelegirse perpetuamente, y que recién revirtió la semana pasada para agradar a Luis Arce en su disputa interna por el poder— esta nueva decisión ignominiosa que en la práctica pide la destitución ilegal de la principal autoridad electa opositora al régimen del MAS quedará como un recordatorio importante de lo antidemocrática y dictatorial que fue la justicia del MAS.

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