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19 de febrero de 2022, 4:00 AM
19 de febrero de 2022, 4:00 AM

Por Jaime Balanza, economista

El problema de yacimientos compartidos lamentablemente no tendrá solución mientras no sea encarado con la debida seriedad que exige una cuestión de Estado, Bolivia está desprovista de un marco jurídico institucional que permita resolver definitivamente el diferendo sobre Incahuasi, la herida que no cura de Margarita y los conflictos que uno a uno se precipitarán conforme avance la actividad hidrocarburífera en el área no tradicional que cruzará de sur a norte la faja subandina generando tantos descubrimientos como pleitos debido al gran potencial que tiene el país.

Inclinarse a favor del más grande o el más débil no es lo justo, nuestros hidrocarburos benefician al conjunto de la economía del país y las regiones productoras tienen definida su cuota aparte como un derecho adquirido y claramente establecido por ley, lo justo es “darle al César lo que es del César”.

La anterior Ley de Hidrocarburos N° 1689 a través del reglamento de unitización de reservorios, aprobado mediante Decreto Supremo 27124 de 14 de agosto de 2003, preveía los mecanismos para resolver controversias para yacimientos compartidos entre concesiones de dos o más titulares mediante la aplicación del “factor de distribución” o yacimientos compartidos entre dos o más departamentos productores mediante la aplicación del “factor de participación” bajo la tutela de YPFB.

La Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, la Ley N°3058 y el Decreto Supremo de Nacionalización de los Hidrocarburos 28701 de 2 de mayo de 2006, reconfiguraron el rol de los actores del sector hidrocarburos haciendo inaplicable el reglamento de unitización de reservorios, YPFB pasó a ser el único titular a nombre del Estado sin opción de ejercer tutela para dirimir controversias entre departamentos productores y con la carga adicional de accionar el procedimiento a nombre de los anteriores titulares reducidos a su nuevo rol de prestadores de servicios, anulados además en su papel de partes, véase artículo 23 del Decreto Supremo 27124.

Para salir del paso en el conflicto por Margarita se impuso al precitado reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 27124 la Resolución Ministerial 033-12 de 3 de febrero de 2012, instrumento jurídico de menor jerarquía, que siendo un intento quizá bien intencionado no logró evitar incertidumbre, retrasos en la ejecución de los planes de desarrollo de los campos presuntamente compartidos, confrontación entre los departamentos productores y de estos con el Gobierno central, dificultando de esta manera seriamente el desarrollo del sector hidrocarburos en el país mediante el rechazo de las regiones presuntamente afectadas para colaborar con los planes de desarrollo y exploración; en suma considero que esta situación tiene una buena cuota de responsabilidad en las dificultades registradas para el avance en la certificación de nuevas reservas de gas, mientras un departamento con potencial hidrocarburífero se sienta víctima de una injusticia, por ejemplo, difícilmente dará la bienvenida a nuevas actividades exploratorias.

Solo para ilustrar la vulnerabilidad de la RM 033-12 más allá de su rango, véase que desde su artículo 1 versa  erróneamente sobre el “Factor de Distribución”, este factor universalmente se refiere al porcentaje de distribución de costos y producción entre los titulares de un área unitizada, léase YPFB, empresas asociadas de servicio, de ninguna manera departamentos productores, el factor que aplica para determinar el reparto de la renta generada por un yacimiento compartido entre dos o más departamentos productores es el “Factor de Participación”, véase el artículo 2 del reglamento aprobado mediante DS 27124, alguien dirá que la observación es semántica debido a que en la Resolución Ministerial 033-12 valida el término en sus definiciones, entonces replico: qué factor aplicaría en caso de un yacimiento compartido entre dos concesiones en las que participa YPFB con diferentes “socios”.

Un yacimiento debe tener un solo sistema de producción para maximizar su porcentaje de recuperación, independientemente de que este sea compartido entre dos o más departamentos o dos o más áreas de concesión; es decir, un solo plan de desarrollo o en su defecto un único plan de desarrollo coordinado o como quiera llamarse, para ilustrar mejor: luego que en los años 90 Irak invadió Kuwait y que el primero en la retirada incendiara todos los pozos a su paso, ambos países lograron ponerse de acuerdo para aplicar planes de desarrollo coordinados para sus yacimientos compartidos en el marco de un cristalino acuerdo que fue ley entre partes, esto me hace pensar que entre bolivianos podemos ponernos de acuerdo más aún cuando el conflicto no ha cruzado la línea de no retorno.

Lo expuesto nos conduce a la urgente necesidad de formular un nuevo procedimiento para la unitización de reservorios y determinación de los factores de distribución y participación enmarcado en la nueva Constitución Política del Estado, ley de hidrocarburos y demás normas en vigencia; este nuevo procedimiento debe garantizar a los departamentos y a los otros actores pasibles a controversias por yacimientos compartidos:  1).- reconocimiento como parte con interés legítimo con derecho a conciliar entre sí o en su defecto ingresar a un procedimiento de resultado vinculante, 2).- participar de un procedimiento definido con nitidez, transparente, objetivo e imparcial, 3).- representar sus intereses ante un ente idóneo y neutral, 4).- derecho de optar apelación en última instancia.

Este procedimiento, que tiene como único requisito previo la demarcación de límites interdepartamentales en superficie.

Los millonarios intereses que están en juego son tan grandes como las nefastas consecuencias que puede causar la inexistencia de un instrumento de las características descritas, quienes rigen y operan el sector hidrocarburos requieren un clima de paz y certidumbre para desarrollar aceleradamente el potencial y retomar el sitial de Bolivia como el proveedor más confiable e importante del continente, nuestro verdadero e implacable enemigo hoy se llama tiempo, la carencia de un mecanismo legal que establezca el procedimiento para dirimir las controversias surgidas y por surgir no beneficia absolutamente a nadie y perjudica absolutamente a todos.

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