Una semana con aulas cerradas, el campus tomado por estudiantes, denuncias de corrupción, acoso y vejación sexual, infraestructura deteriorada, decanos y docentes agobiados por numerosas denuncias de abusos y un largo rosario de problemas han puesto en evidencia la grave crisis que atraviesa la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno.
No es un problema nuevo. Hace algún tiempo se supo de la venta de títulos profesionales falsos, delito perpetrado por funcionarios de la institución y también se evidenció la existencia de estudiantes “dinosaurios” que llevan décadas estudiando una carrera y que, en lugar de acumular méritos académicos, suman años de dirigentes universitarios que tienen tuición sobre becas de comedor y otros recursos económicos que provienen del Estado.
Hoy, el decano de la Facultad de Humanidades está en el ojo de la tormenta.
Las denuncias en su contra son extremadamente graves y deben ser necesariamente esclarecidas. Siguiendo las normas internas de la Uagrm, se le ha abierto un proceso interno que debe ser transparente y expedito. Si las sindicaciones tienen sustento, debe intervenir el Ministerio Público y se tendrá que aplicar justicia con todo rigor. Por otro lado, si las acusaciones fueran falsas, también los autores materiales e intelectuales deben sentarse en el banquillo de los acusados y asumir las consecuencias de sus acciones delictivas. Lo que no se puede admitir son dilaciones y pérdidas de tiempo hasta que el caso naufrague sumergido en una torre de expedientes con hedor a impunidad y olvido.
La universidad estatal cruceña es la más grande del país, tiene la mayor población estudiantil y uno de los cuerpos docentes más numerosos, aunque cantidad no es sinónimo de calidad. Si bien la actual gestión encabezada por Vicente Cuéllar ha impuesto normas más estrictas para la selección y permanencia de docentes, aún se aferran a sus cátedras personajes que tienen antecedentes negativos y se niegan a entender que la educación superior no puede ni debe seguir siendo magistral, unidireccional y carente de experiencias prácticas.
También llama la atención las altas tasas de deserción o los bajos índices de eficiencia terminal. En otras palabras, una universidad no puede ser fábrica de egresados que han costado miles de dólares al Estado y que no pudo culminar su proceso de titulación simple y llanamente porque carecen de capacidades suficientes para plantear un tema, problema, objetivos o hipótesis de una tesis de grado. En síntesis, en materia académica, la Uagrm está en deuda con Santa Cruz.
También llama la atención que, en pleno auge de las tecnologías digitales, la Gabriel René Moreno y las otras universidades estatales sigan trabajando ancladas en el siglo XX con fotocopias, trámites personales, funcionarios que solo ponen sellos y perciben dádivas por acelerar unos trámites y demorar otros. A estas alturas, toda la gestión académica y administrativa debería poder realizarse desde un teléfono inteligente. Pero parece que es demasiado pedir.
¿Es demasiado exigir una universidad transparente y moderna?
Definitivamente no. En el mundo abundan ejemplos de universidades estatales que forman profesionales, producen conocimiento y generan sus propios recursos; pero para dar ese salto cualitativo se necesita voluntad y decisión política.
Nadie está en contra de la autonomía. Las universidades más importantes del mundo también son autónomas, pero a diferencia de las nuestras, no están afectadas por el cáncer de la corrupción e ineficiencia y, lamentablemente, la Uagrm es un triste y pésimo ejemplo.