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OPINIÓN

Urge crear la defensoría de la salud para Bolivia

21/5/2020 03:00

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Por: Jorge A. Suárez

Entre las novedades institucionales de fines del siglo XX, aparecieron las Defensorías del Pueblo en varios países. Bolivia creó la suya durante el gobierno del General Banzer en 1998.
                                                                                        
Ana María Romero de Campero (Q.P.D.) fue la primera Defensora del Pueblo elegida por dos tercios del Congreso. Su intensa labor de defensa de los derechos humanos, la constituyó en referente institucional, por su firmeza y uso moderado de su voz pública, conciliando posiciones contradictorias y eligiendo el mejor tono para lanzar advertencias, reclamos y juicios, en su rol de mediación en los numerosos conflictos sociales y políticos ocurridos durante su gestión hasta 2003.
 
Durante el oscuro periodo del gobierno depuesto en 2019, la Defensoría del Pueblo padeció sin cesar los embates del autoritarismo presidencial, con escaso éxito para los defensores sucesivos, hasta la selección de un Defensor afín al partido de gobierno, lo cual desvirtuó por completo el rol y carácter de esta institución.

En la hora actual, la nación boliviana y la sociedad civil organizada enfrentan toda suerte de desafíos. Es en esta aciaga hora de la salud, amenazada por la epidemia del dengue y la pandemia del coronavirus, cuando debemos replantear nuestra salubridad, que ha sido derrotada y nos obliga a reinventarnos
Urge institucionalizar un defensor de la salud, despolitizado y decidido a velar por este derecho con firmeza de carácter y visión concertadora entre los actores sociales, distraídos actualmente en la coyuntura de un gobierno transitorio. 

En el rol fundamental del defensor de la salud no debe tener cabida la politiquería; debe brindar claridad sobre el amplio ámbito de los retos y deberes que confrontan los proveedores de salud, las obligaciones del Estado y los derechos de la población; debe reclamar y vigilar a las autoridades sobre sus responsabilidades en el cumplimiento de los dictámenes constitucionales, en particular: el Articulo 37 sobre primera responsabilidad financiera del Estado, incluyendo endemias, epidemias y pandemias y un largo etcétera.

Si bien el escenario de la lucha contra las enfermedades es el campo de la ciencia médica y de las políticas de salud; la acción popular proactiva y “civility”, son necesarias para controlar y combatir las enfermedades.

La victoria exige concertación de voluntades individuales y colectivas; convergencia de recursos económicos e infraestructura, recursos humanos, energías físicas, mentales y espirituales; solidaridad de los pudientes con los desposeídos de riqueza material. Y, por encima de todo, liquidación de intereses promovidos por el poder y la codicia. 

La educación de la población, por tanto, es la formidable tarea inicial del defensor de la salud.
 


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