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Avasallamiento de áreas protegidas, cambio forzoso de uso de suelo (de forestal a apto para la agricultura), cultivos ilegales de coca, presencia de narcotráfico, desplazamiento a indígenas de sus propias comunidades, descoordinación entre los tres niveles del Estado, son parte del cóctel explosivo que configura el manejo de tierras en el departamento de Santa Cruz.

A ello se suma el quiebre de relaciones institucionales, cuando se ve que las autoridades departamentales y municipales dicen que no son tomadas en cuenta (como manda la ley), a la hora de titular tierras. Los responsables del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) son interinos y no están exentos de cuestionamientos y hasta de investigaciones por el rol que cumplen. En el otro lado, están alcaldes y el gobernador que hablan de la imperativa necesidad de que funcione la Comisión Agraria Departamental, la cual ha estado paralizada durante años, precisamente por la negativa de estar presentes de los funcionarios que responden al Gobierno nacional.

Según las denuncias de autoridades subnacionales, las tierras están siendo dotadas a comunidades interculturales que llegan de otros departamentos, mientras hay campesinos oriundos de la zona que esperan acceder a propiedades rurales para su producción. En este momento, hay presencia de colonos y no se sabe cuántas de ellas son legales y cuántas llegaron al lugar por favores políticos. Lo peor es que se conoce que hay pueblos indígenas que se sienten desplazados de sus territorios.

Mientras esto ocurre, durante los primeros cinco meses de este Gobierno, dos ministros de Desarrollo Rural y Tierras han sido sacados de ese cargo acusados de corrupción: uno por nepotismo y el otro porque fue encontrado ‘in fraganti’ mientras recibía un soborno. El actual titular de la cartera ha llegado con la misión de poner orden y está ante el desafío de demostrar que puede hacer una gestión transparente y no politizada.

El Movimiento Al Socialismo llegó al poder embanderando el discurso de reivindicar a los pueblos indígenas y ahora es parte de una gestión que tiene afectados precisamente a los miembros de las comunidades originarias, favoreciendo a los interculturales. El problema no solo es político, sino que implica un gravísimo daño al medioambiente. Se están depredando los bosques, talando arboles para extender la frontera agrícola, sin tomar en cuenta la vocación del suelo y el perjuicio que ya se ve con los efectos del cambio climático.

Para colmar el estado de las cosas, ya se ha conocido un informe de Onudc que habla de cultivos ilegales de coca en áreas protegidas e incluso bomberos forestales que actuaban durante los incendios denunciaron que hubo zonas a las que no los dejaron entrar y dieron a conocer su sospecha de que se estaba protegiendo la existencia de fábricas de droga.

Ante esa realidad, cabe preguntar ¿es cierto que les interesa la Madre Tierra? ¿En serio quieren preservar el medioambiente?

Si hay un verdadero interés, ¿por qué no hay capacidad de aunar esfuerzos? ¿Por qué no hay objetivos comunes que, al margen de los colores políticos, permitan trabajar en equipo para preservar la tierra?

Dadas las circunstancias mencionadas, es urgente que se reúna la Comisión Agraria Departamental y que se busquen soluciones con la consigna de ganar. Este trabajo no debe ser excluyente. Ni el Gobierno debe escuchar solo las voces de interculturales afines ni el gobernador y los alcaldes de la zona deben excluir a los colonos que ya están en el lugar. Solo conciliando se puede hallar una verdadera solución, siempre que exista real voluntad de hacerlo.

Se avecina el tiempo de chaqueos y, si las cosas se mantienen, es probable que el fuego se descontrole, que perdamos otros cinco millones de hectáreas de bosques. Se terminan los plazos.

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