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¿Vacuna obligatoria?

William Herrera A 19/7/2021 05:00

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La invasión silenciosa e invisible del coronavirus obligó al Estado boliviano (y a los gobiernos de Jeanine Áñez Chávez y Luis Arce) a disponer una emergencia nacional sanitaria y decretar un conjunto de medidas extraordinarias nunca antes vistas, menos pensadas o planificadas, que pueden incluir la vacuna obligatoria. La cuarentena rígida permitió suspender o restringir derechos fundamentales, como la locomoción, el tránsito vehicular y personal, las elecciones generales, el trabajo, las reuniones, las manifestaciones públicas, y protestas sociales, las clases en colegios y universidades, entre otros, salvo los servicios calificados como esenciales: alimentos, salud, fuerza pública, medios de comunicación, etc.

La pandemia exige medidas radicales y urgentes. En realidad, no había ningún antecedente en que el Estado boliviano haya restringido, con carácter general, una serie de derechos fundamentales para evitar la propagación del virus y salvar la salud y el bienestar de la población. Por cierto, los derechos fundamentales no son absolutos, y pueden sufrir limitaciones generales, normales u ordinarias, y excepcionales o extraordinarias, reconocidas por el derecho nacional e internacional de los derechos humanos. Estos límites tienen el fin de garantizar la protección de los derechos y libertades de los demás, así como asegurar ciertos valores e intereses legítimamente protegidos, entre los que se mencionan: el bienestar general, el bien común, el orden público, la seguridad nacional, la salud pública, el interés de la justicia, la protección del medioambiente, entre otros valores e intereses protegidos en una sociedad democrática.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que “en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto a los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática (art. 29.2).

En general, las crisis provocadas por los efectos de la naturaleza pueden llegar a tener repercusiones en la vida política y social del Estado. Así, por ejemplo, pueden haber terremotos, maremotos, ciclones, inundaciones, incendios de enormes proporciones, y todo tipo de catástrofes naturales, que pueden alterar el orden público, o causar desórdenes en las vías públicas, saqueos de locales comerciales y viviendas, destrucción de bienes, etc. También pueden existir accidentes nucleares, químicos y bacteriológicos, crisis sanitarias capaces de provocar epidemias, pandemia y graves casos de contaminación con peligro para las personas y la vida animal y vegetal. Todos estos fenómenos pueden dar lugar a situaciones de emergencia nacional y mundial, no susceptibles de ser contenidos por los medios normales, como ocurre con la Covid-19 tanto en Bolivia como en buena parte del universo.

El complejo fenómeno pandémico exige, entre otras cosas, revalorizar el conocimiento científico y exigir la vacunación masiva y obligatoria. La Organización Mundial de la Salud, máxima autoridad científica en este campo, tomó prácticamente el control de la crisis sanitaria, y recomienda a los gobiernos las medidas extraordinarias de confinamiento no para eliminar el virus, sino para evitar el colapso de los servicios de salud y mitigar los efectos perversos de la pandemia. Y fueron los científicos los que encontraron (en tiempo récord) la vacuna contra el coronavirus y los Estados y la industria farmacéutica su producción y comercialización.

Los gobiernos tienen la obligación de seguir los consejos de la ciencia, aunque son ellos quienes tienen que tomar las decisiones según las circunstancias de cada país. Ningún científico puede ordenar el aislamiento social, menos imponer un conjunto de medidas imprescindibles para encontrar el punto de equilibrio entre la contención del virus y los inevitables daños económicos y sociales que provoca el cese de la actividad productiva. El coronavirus ha recordado la necesidad de que los gobiernos no pueden divorciarse de la ciencia ni de los científicos.

William Herrera Áñez es Jurista y Autor de varios libros

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