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3 de septiembre de 2017, 4:00 AM
3 de septiembre de 2017, 4:00 AM

En Achacachi (La Paz, provincia Omasuyos), el alcalde no aceptó la rendición de cuentas exigida por la ciudadanía y generó la protesta de la población. Grupos violentos allanaron viviendas de los protagonistas, unos para castigar al alcalde corrupto y, otros, para protegerlo. Meses después, el problema municipal y local se convirtió en un conflicto social y político, regional y urbano. Gobierno versus bloqueo de caminos.

El denominado ‘proceso de cambio’ avanzó en la democratización social y la estabilidad macroeconómica, pero hubo un peligroso debilitamiento de la institucionalidad pública y la cohesión social. El Estado, sus instituciones y los partidos políticos tienen una pésima imagen en la opinión pública. 

El Gobierno del MAS, surgido de una confianza nacional excepcional, enajenó su base social durante 11 años de progresiva capitulación de sus banderas: un modelo diferente al capitalismo, descolonización, gobierno indígena, respeto por la Madre Tierra y lucha contra la corrupción. Once años después, el capitalismo aún pervive, incluso con enclaves de un capitalismo salvaje sin presencia estatal (por ejemplo, Chapare, territorios libres del contrabando, sitios de la minería ilegal). La descolonización, folclorizada. Indígenas que están en el Gobierno pero no son gobierno. La Madre Tierra, simple pretexto del hambriento extractivismo colonialista. Varios funcionarios gubernamentales embarrados en el pantano de la corrupción.

Existe un síntoma de alta preocupación: el creciente apoyo a la justicia por mano propia. Según el Barómetro de las Américas 2014, la mayoría de los bolivianos, ante la creciente delincuencia, prefiere medidas punitivas (65%) que preventivas (34,8%). El Gobierno, en sus recientes propuestas legales, también rinde culto al aumento de las penas. 

En Bolivia, el último decenio, más de la mitad del país (56 a 60%) apoya la justicia por mano propia. Se conoce varios casos de asesinatos, allanamientos, linchamientos y asaltos publicitados pero no investigados, menos sancionados. Los ciudadanos prefieren acciones extralegales y extrainstitucionales como reacción ante el delito y la protección estatal a alcaldes corruptos como el de Achacachi. ¿De una sociedad más o menos democrática vamos hacia una sociedad tribal donde, por encima de la norma, valga la ley del más fuerte?

Abundan los muñecos de trapo colgados de los postes y de árboles con letreros amenazantes: “Ladrón pescado será quemado”. Se incrementan los servicios privados de vigilancia y de seguridad. Hay más cámaras de vigilancia en sitios clave. Hay más urbanizaciones con medidas de fortalezas policiales. Se hizo añicos la confianza interpersonal necesaria en cualquier sociedad pacífica.

En la mayoría de las denuncias, el Estado incumple sus obligaciones: atención rápida, prevención, investigación y sanción a los responsables. 
Es más, no siempre se abren procesos investigativos. No faltan casos de complicidad del Estado con los delincuentes, avasalladores o ajusticiadores. ¿Es justificable la protección y respaldo al alcalde Edgar Ramos, de Achacachi? Otro caso. ¿Es justificable la protección y premiación a Eugenio Rojas, exalcalde de Achacachi, con la designación de ministro de Estado o senador, acusado de serias irregularidades en su gestión (aún no aclarada), de quemar ladrones, de colgar perros y de justificar la tortura?

Mientras siga el irrespeto por la ley, la frivolidad y el encubrimiento estatal a la corrupción, nos encaminamos a una sociedad tribal. 

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