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5 de abril de 2018, 4:00 AM
5 de abril de 2018, 4:00 AM

La separación de poderes es el principio fundamental que caracteriza a la democracia y consiste en la división de las funciones del Estado en órganos públicos distintos y separados por un origen o fuente de legitimación, evitando que el poder o la soberanía del Estado se acumulen en una persona o un grupo de personas. Su propósito es equilibrar y limitar el poder del Gobierno mediante la implantación institucionalizada de controles y equilibrios, para que ante el apetito de uno hacia la tiranía sea frustrado por las funciones del otro poder.

La Constitución regula dicho principio en el art. 12.I, que dispone: “El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral”. Consiguientemente, y cumpliendo con dicha separación de poderes, los ministros de Estado son designados por el presidente para que lo coadyuven en la administración de la cosa pública y al Ministerio Público para defensor de la legalidad y los intereses generales de la sociedad, ejerciendo con autonomía funcional, administrativa y financiera.

Sin embargo, y tal como vemos a diario, personeros del Ministerio de Gobierno, como si fueran fiscales, intervienen en procesos penales, en especial los que son de clamor popular y, a título de ‘hacer justicia’, sin ser parte procesal proponen diligencias, solicitan ser citados (incluso en La Paz y no en Santa Cruz), extremos que de alguna manera influyen en los juzgadores en desmedro de la legalidad que debiera reinar en los procesos.

El Código de Procedimiento Penal dispone que son partes del proceso el Ministerio Público, como director de las investigaciones; la Policía, como coadyuvante; la víctima, como directo ofendido del delito; y el imputado, a quien se le atribuye el delito. La Ley 586 dictaminó que la Procuraduría General puede intervenir en las “causas que afecten a los intereses del Estado”, y el Ministerio de Transparencia en “causas por delitos de corrupción”. 

Cursa en estrados judiciales un caso específico en el que los representantes del Ministerio Público ya plantearon incidente ante el juzgador, pidiendo la no intromisión de los personeros de ese ministerio, sin que hasta la fecha se haya dirimido tal petitorio.

Por tanto, las actuaciones de los funcionarios públicos son una flagrante violación del principio de separación de poderes. El Órgano Judicial debe pronunciarse y delimitar las funciones de los mismos, decretando la nulidad de obrados donde estos hayan participado, ya que el art. 122 de la Constitución dictamina que “son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emanen de la ley”.

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